Algo más de nueve años después del accidente del tren que descarriló en Santiago, provocando 80 muertos y casi centenar y medio de heridos, este miércoles ha arrancado el juicio del Alvia en la Ciudad de la Cultura de la capital gallega.
Hay dos únicos acusados, que son el maquinista, Francisco José Garzón Amo, y un excargo de Adif responsable de la seguridad en la circulación, Andrés Cortabitarte.
Se les imputan ocho decenas de fallecimientos por imprudencia grave profesional, 145 lesiones por el mismo motivo y un delito de daños, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión y demanda la inhabilitación del maquinista para su oficio durante el tiempo de la condena, y la del cargo de Adif para cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en este tipo de infraestructuras.
La reclamación total de daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 57,7 millones de euros.
Momentos de tensión a la llegaga de los acusados
Familiares de la víctimas del Alvia han increpado e incluso agredido a Cortabitarte, uno de los acusados en el juicio y responsable de la seguridad en la circulación de Adif.
Al finalizar la primera sesión del juicio, los familiares de las víctimas han llamado "asesino" al acusado y uno de ellos ha propinado un puñetazo por la espalda.
Más de 44.000 folios
El expediente principal está conformado por 44.460 folios, los cuales están divididos en 95 tomos, como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
El juzgado ha admitido las declaraciones de 522 testigos, 21 testigos-peritos y 126 peritos (669 testificales en total), con el matiz de que las partes puedan desistir de alguna, ya sea antes o durante el juicio.
El despliegue al que obligó la vista oral por la marea negra del petrolero Prestige, catástrofe de la que están a punto de cumplirse dos décadas, es lo único comparable a lo que acontece ahora con el Alvia. En la mayor causa jamás instruida en España por un delito medioambiental habían sido diez los años de investigación judicial y nueve los meses de juicio.
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