Han pasado 23 años desde la ruptura de la balsa minera que destrozó casi 5.000 hectáreas por el vertido de lodos tóxicos en Aznalcóllar (Sevilla). La limpieza le costó a la Junta de Andalucía casi 90 millones de euros. "La empresa (Boliden, de Suecia) solo limpió un tramo, en la zona de Guadiamar, y no lo hizo muy bien según los resultados", ha denunciado Juan Carmona, miembro del Fondo Mundial para la Naturaleza (WFF).

Este lunes, Juanma Moreno, presidente andaluz, ha reconocido que están intentando llegar a un acuerdo con Boliden: "La Administración de Justicia emplaza a las partes a llegar a un acuerdo amistoso. Nos gustaría que en menos de un año se produjera". En contraposición, culpa de la paralización al Gobierno central: "Nos encontramos con un problema: que una de las partes de la administración, que es el Estado, considera que no hay que llegar a un acuerdo puesto que ha habido sentencia".

Una sentencia del Tribunal Supremo que ratificó la multa de 43 millones de euros que el Gobierno impuso a Boliden, y que la empresa esquivó declarándose en quiebra. Desde el Ministerio de Transición Ecológica, la ministra Teresa Ribera ha insistido en que entienden y respetan "que Boliden hable con la Junta de Andalucía de lo que le parezca con respecto a la recuperación de costes en los que incurrió la Junta, pero esto no significa que el Estado vaya a renunciar a absolutamente nada de lo que ya tiene reconocido por sentencia".

Por su parte, el alcalde de Aznalcóllar urge que se llegue a una solución cuanto antes: "No podemos dormirnos en los laureles ni en los despachos. No podemos estar con un papel en un rincón de la mesa, que se ve muy claramente y no pesa. Pero la barriga hay que llenarla todos los días, pagar la hipoteca, la luz y el agua". Por eso, espera que se reabra la mina que podría dar trabajo a 1.000 personas.

De Kiko El Cabra a Karim

Quién es Karim, el sospechoso en el crimen de Barbate al que señalan algunos de los detenidos

"Se llama Karim", es la frase que se escuchó en varias ocasiones en sede judicial el pasado mes de febrero cuando declaró ante la jueza uno de los detenidos por el asesinato de los dos guardias civiles en el puerto de Barbate.