En su escrito de calificación provisional, VOX también propone que comparezcan como testigos en el juicio el exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, el expresidente de la Generalitat Artur Mas, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, así como el exconseller de Interior Jordi Jané y el exdirector de los Mossos Albert Batlle que dimitieron dos meses antes del 1-O.
Este partido también pide la testifical del diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà, del exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo, del presidente del Parlament, Roger Torrent, del que fue responsable del dispositivo policial del 1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos, del actual vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de la exlíder del PDeCAT Marta Pascal y de los exdiputados de la CUP Eulàlia Reguant, Gabriela Serra y Antonio Baños.
Además, solicita que en el juicio en el Tribunal Supremo comparezca como testigo el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero, para quien la Fiscalía pide 11 años de cárcel por rebelión en la causa que tiene abierta en la Audiencia Nacional.
Otros testigos que plantea VOX son los comisarios que integraban la cúpula de los Mossos junto a Trapero: Ferran López, Joan Carles Molinero, Emili Quevedo y Manuel Castellví, imputados por un juez de Cornellà de Llobregat (Barcelona) por su papel el 1-O.
VOX también propone la testifical de exconsellers del Govern que abandonaron su cargo meses antes del 1-O, como Neus Munté, Meritxell Ruiz y Jordi Baiget, así como del exdiputado de JxSí Lluis Llach, que preside el Consejo Asesor para el Impulso del Fórum Cívico y Social para el Debate Constituyente.
También solicita que sean citados como testigos en el juicio los principales colaboradores de Oriol Junqueras durante su etapa como vicepresidente de la Generalitat, Josep Maria Jové y Lluis Salvadó, que fueron detenidos en la operación de la Guardia Civil del 20 de septiembre de 2017 contra los preparativos del 1-O, así como el exsenador de ERC Santiago Vidal y el jurista Carles Viver i Pi Sunyer.
Por su parte, la Fiscalía, que pide penas de hasta 25 años de cárcel, plantea en su escrito un total de 256 testigos, entre ellos el centenar de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que resultaron heridos el 1-O y los que entonces eran los máximos responsables de ambos cuerpos en Cataluña: el comisario Sebastián Trapote y el general Ángel Gozalo.