El juicio por el borrado de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas ha sido visto para sentencia. Los acusados han decidido no ejercer a su derecho al turno de última palabra.
Anteriormente ha intervenido Jesús Santos, abogado del Partido Popular, quien ha repetido el mismo argumento de la Fiscalía. Éste ha explicado que, si se destruyeron datos sobre la contabilidad B del Partido Popular, esa documentación pertenecería a la formación y no al extesorero por lo que según él no puede haber un delito de daños informáticos.
Santos también ha pedido que las acusaciones populares sean condenadas en costas y dirigiéndose a los acusados ha dicho "Alberto, José Manuel, Carmen hoy empieza la cuenta atrás en vuestro sufrimiento".
"Si se destruyó información sobre la contabilidad B de PP hasta 2006, los delitos habrían prescrito y "la conducta encubridora de delitos prescritos no obstaculizaría la labor de la labor de justicia", ha concluido.
En la presentación de sus conclusiones finales en el juicio abierto en el juzgado de lo penal número 31 de Madrid, la fiscal Carmen Luciáñez ha destacado las "numerosas contradicciones" en el relato del extesorero y ha recordado que no pudo acreditar que los ordenadores borrados fueran suyos.
Siguiendo esta línea ha considerado que "no es descabellada" la idea planteada por el PP de que Bárcenas les reclamó los ordenadores cuando se le prohibió entrar en la sede de Génova para intentar demostrar que mantenía una relación laboral con el partido, y que no había sido despedido.
Sin embargo, las acusaciones ejercidas por Izquierda Unida, el Observatori de Drets Humans, y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, han visto "absolutamente acreditada" la "conciencia criminal" del PP y sus empleados al borrar los discos duros e impedir que la justicia accediera a pruebas de posibles delitos fiscales, contables y de cohechos.
Los tres empleados, extesorera Carmen Navarro, el responsable de su asesoría jurídica Alberto Durán y el jefe del departamento de sistemas informáticos José Manuel Moreno, están acusados de encubrimiento y daños informáticos.
Por estos delitos IU pide para las penas más elevadas para ellos: multa de casi once millones de euros para el partido y cuatro años y medio de prisión para los trabajadores.