Unidas Podemos va a presentar una querella contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, por prevaricación después de que Batet haya ejecutado la sentencia del Tribunal Supremo sobre el diputado de la formación morada Alberto Rodríguez, que ha perdido su acta y ha sido inhabilitado.

Desde Podemos consideran que la decisión ha sido tomada cediendo ante la "vergonzosa" presión del Supremo y la extrema derecha. Desde el Supremo remitieron a Batet una carta en la que aseguraban que la sentencia sobre Rodríguez "es firme" y que entre sus funciones "no está la de asesorar a otros órganos constitucionales".

En un principio, Batet se mostró partidaria de tramitar su inhabilitación, pero la Mesa acordó por una mayoría de 5 a 3 solicitar al Supremo una aclaración sobre los efectos de la sentencia. Los miembros de PP y Vox votaron en contra, mientras que la presidenta optó por no votar.

En el comunicado se refieren a los "errores materiales manifiestos que se imputaban a la resolución" por el cambio de la pena de un mes y 15 días de prisión por el pago de una multa, y apuntan que "la pena de prisión es el desenlace punitivo asociado a una conducta sin perjuicio de que a efectos de su ejecución se haya acordado su sustitución por una multa". Por ello, recuerdan que se mantiene "la vigencia de la inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo".

El diputado de Unidas Podemos ha sido condenado a una pena de un mes y 15 días de prisión conmutable por una multa de 540 euros por atentado a agentes de la autoridad, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

Polémico tuit de Ione Belarra

En la tarde de este viernes, Ione Belarra ha publicado un controvertido mensaje en el que ha acusado al Tribunal Supremo y a la Presidencia del Congreso de "prevaricación" con una decisión en la que, afirma, "ambos saben que no es lo que dice la sentencia".

Alberto Rodriguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño", recoge el mensaje de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos. Este tuit ha tenido respuesta por parte de PSOE, PP y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

 

El mensaje más duro ha venido precisamente de la Comisión Permanente del CGPJ, que afirma que Belarra "excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión" con unas declaraciones que "sitúan las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable".

"El Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno del mismo, en su condición de garante de la independencia judicial, no puede por menos que expresar su profundo malestar porque tales declaraciones hayan sido formuladas por un miembro del Gobierno de la Nación, a lo que se añade el hecho de que son ya varias las ocasiones a lo largo del presente mandato del CGPJ en las que ha tenido que pronunciarse en este sentido", recoge la nota.

Fuentes socialistas reiteran su postura de respeto absoluto a la independencia judicial, defendiendo que la presidenta del Congreso se ha limitado en todo momento a dar cumplimiento a la ley y a las sentencias emanadas de los tribunales.

 

El PP, por su parte, defiende que los "ataques" por parte del Gobierno a la Justicia deben acabar. En Twitter, Pablo Casado vería "cómplice" a Pedro Sánchez "si no actúa ya". "En cualquier Gobierno serio, un ministro que acusa al Tribunal Supremo de cometer un delito sería cesado de inmediato", critica.