El informe que ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz rescata el nombre de García-Pelayo, quien recientemente ha sido aupada para presidir el Comité Andaluz de Gobiernos Locales.
El antiguo instructor del caso 'Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, archivó en mayo de 2011 una denuncia presentada contra ella porque los hechos se referían a Jeréz de la Frontera.
La UDEF explica que los hechos se remontan a la última semana de enero de 2004 cuando el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez, bajo la tutela de este Ayuntamiento, adjudicó de forma "irregular" varios contratos a dos sociedades de Correa para el montaje de un pabellón en Fitur y de espectáculo ecuestres y flamencos, por valor de 214.027 euros.
Special Events y Down Town Consulting se hicieron con un contrato negociado sin publicidad para la organización del stand de Jerez en Fitur de 2004 --valorado en 162.806 euros--, de otro para el acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid de un espectáculo ecuestre -por 39.366 euros- y de uno para la celebración de un espectáculo flamenco en el Parque del Retiro, por importe de 11.855 euros.
Las fechas de los contratos no se correspondían a la realidad
Los investigadores señalan que los empleados del Grupo Correa, Pablo Crespo, Isabel Jordan y Javier Nombela, efectuaron gestiones para la ejecución de estos eventos, "con anterioridad a que se hubiera establecido y llevado a cabo el procedimiento formal" de contratación por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez.
Las empresas entregaron a este organismo la documentación administrativa cuando los trabajos ya estaban ejecutados y había transcurrido "casi un mes" desde su finalización.
"De lo que se infiere que el órgano contratante no disponía de documentación alguna al respecto con carácter previo a la ejecución de los trabajos que permitiera llevar a cabo un procedimiento de contratación debidamente reglado", remarca el informe.
Ello lleva a pensar a los investigadores que los contratos firmados entre las partes no se correspondían a la realidad y sus fechas solo intentaban "dar una apariencia de legalidad" al procedimiento.
Los agentes también sitúan en un "papel fundamental" a Isidro Javier Cuberos, quien fuera jefe de prensa del PP andaluz, quien ejercía de intermediario entre las empresas del Grupo Correa y las personas vinculadas al Ayuntamiento de Jerez.
"El llamado Isidro Javier Cuberos canalizó el cobro de su comisión a través de la emisión de una factura por parte de su empresa Cuberos Comunicación S.L. a nombre de Special Events, por importe de 53.355 euros", detalla la Policía.
La UDEF destaca que participó en el procedimiento formal de adjudicación por parte del Instituto de Promoción de la Ciudad de Jerez la actual alcaldesa de Jerez (Cádiz) María José García-Pelayo.
Su nombre figura, en calidad de alcaldesa y presidenta de este Instituto de Promoción y Desarrollo, en los contratos que dieron cobertura a los servicios llevados a cabo con las empresas de Correa. La UDEF precisa que consta su "antefirma y firma" en los documentos, pero sin embargo su rúbrica es la de otra persona autorizada.
La persona que daba asistencia a García-Pelayo era Manuel Andrés, en su calidad de secretario del Instituto de Jerez, y quien reflejó su "antefirma, firma y rúbrica". El exdiputado del PP y actual vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz Bernardo Villar también rubricó los contratos.