Según han informado fuentes cercanas al caso, el dueño del establecimiento, que ha sido interrogado como investigado por la Guardia Civil, ha negado que les negara el acceso y ha asegurado que en su gimnasio hay inscritos otros policías.

Los tres agentes, que se desplazaron a Barcelona con motivo del refuerzo policial por el dispositivo para evitar el referéndum del 1-O, se dirigieron al gimnasio de Martorell por primera vez el pasado 27 de septiembre, dada la cercanía de esta población con la casa cuartel de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), donde se alojan, y porque se podía pagar por días de uso.

La recepcionista del local les preguntó entonces cuál era su profesión, ante lo que los agentes respondieron indicando una distinta a la suya, por motivos de seguridad, y pudieron acceder sin problemas al gimnasio y hacer uso de sus instalaciones. Los agentes regresaron el local el lunes 2 de octubre, el día después de la celebración del referéndum del 1-O, y la recepcionista los retuvo en el vestíbulo, hasta que llegó el dueño del local.

El propietario les dijo entonces que les tenía que hacer una pregunta personal y les pidió que aclararan a qué se dedicaban, según la denuncia de los tres agentes. Los tres miembros de la Guardia Civil recordaron que el primer día ya habían especificado a la recepcionista a qué se dedicaban, ante lo que el dueño les preguntó si podían demostrarlo documentalmente, a lo que los agentes contestaron que no podían.

El dueño del local les conminó entonces a acreditar que no eran policías y les advirtió de que si no lo podían hacer no podrían usar el local, argumentando, según la denuncia, que es su gimnasio y que allí se cumplían sus normas, ante lo que los tres guardias civiles se marcharon del establecimiento.

Días después, los agentes interpusieron una denuncia ante la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Barcelona, que ha citado como testigo a la recepcionista del local y como investigado al dueño del establecimiento, acusado de un delito de odio.

El dueño del local ha negado que exigiera a los agentes que acreditaran que no eran policías y también que les negara acceder al local, según las fuentes. El caso ha sido trasladado ahora al juzgado de instrucción de guardia de Martorell (Barcelona).