La Comunidad de Madrid estudia el toque de queda a partir de medianoche "como medida para no dañar a la hostelería" una vez finalice el estado de alarma, según fuentes del Gobierno de Ayuso a laSexta. En principio, el toque de queda que se está planteando supone la restricción de derechos fundamentales como el de libre circulación y, por tanto, exigiría del mantenimiento del estado de alarma, que tiene que declarar el Gobierno central.

Algo que también apuntan desde la Comunidad de Madrid, que explican que "para hacer efectivo el toque de queda, éste se debe solicitar al Gobierno central" y recalcan que "aún no hay nada cerrado".

Estaría recogido en la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Ley 4/1981. Y en concreto en el artículo 11.

"Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes:

a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos"

Pero, ¿podría darse de forma parcial y en los territorios donde la incidencia sea mayor? Si, es algo que está contenido en la Ley 4/1981, que dice que puede ser declarado por el Gobierno sólo en unas partes del territorio. "Perfectamente se podría hacer solo en la Comunidad de Madrid", añade Alfonso Pérez Medina, periodista de laSexta.

La última vez que se decretó el toque de queda en España no fue algo muy legal. Ocurrió durante el golpe de estado del 23F. Fue obra del general sublevado Milans del Bosch, que decretó el toque de queda en Valencia. Inmediatamente fue anulado y se detuvo a todos los militares.

No obstante, si el Gobierno de Ayuso se decantara por seguir con las restricciones, caben otras opciones. Con las leyes sanitarias, que pueden aplicar las comunidades autónomas, se puede hacer lo siguiente: la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que fue aprobada en 1986, establece que las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar "medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad".

Con el fin de "controlar las enfermedades transmisibles", las consejerías de Sanidad de los 17 Gobiernos regionales también pueden poner en práctica "acciones preventivas generales" que eviten la propagación de enfermedades y aplicar "las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible".

En este escenario de posibles rebrotes también cabe la posibilidad legal de aislar una población entera en la que se dispare el número de contagios (confinamientos perimetrales) utilizando la Ley General de Salud Pública, aprobada en el año 2011.

Sanidad confirma que no pedirá la prórroga del estado de alarma. "Tenemos una reunión del Grupo COVID-19 y vamos a analizar la alternativas que se plantean, que las hay. Respecto a la posibilidad de un toque de queda, es una medida que se aplica en otros países europeos. Requiere de un estado de alarma y vamos a analizarlo con Madrid y otras CCAA. Si esta medida prospera tiene que ser con los apoyos necesarios por si tuviera que prorrogarse más allá de 15 días", ha explicado Illa tras el Consejo de Ministros.

Preguntado al respecto por laSexta, el consejero madrileño de Justicia, Enrique López, afirma que "este toque de queda está relacionado con poner fin a la actividad económica a una hora determinada para que los ciudadanos no tengan más remedio, porque no hay otra cosa que hacer, que pasear o irse a sus casas". López insiste en evitar malos entendidos y "no confundir los conceptos": "No nos vayamos a un toque de queda que supondría la suspensión de un derecho fundamental que solo cabe bajo el estado de excepción".

Mientras, el consejero madrileño de Sanidad, Ruiz Escudero, acusa al Gobierno de Sánchez de "no ponerlo fácil" y les invita a hacer una reflexión: "Pedimos lealtad al Gobierno central como también nosotros somos leales". En un acto de Europa Press, ha insistido en que Sanidad de Madrid se rige por criterios técnicos y sanitarios. "No se puede comparar León con Madrid. Esto ha sido un disparate legal y un atropello al autogobierno de la Comunidad de Madrid. No puede volver a repetirse", ha añadido en alusión al estado de alarma, al que resta importancia calificándolo de "alarmilla".