Entre 2018 y 2020
El Supremo anula la sanción de más de 862.000 euros que impuso el Tribunal de Cuentas a Vox por ingresos de merchandising
Los detalles La Sala ha estimado el recurso de la formación de Abascal y concluye que la resolución sancionadora carece de base probatoria. En su momento, esas actividades promocionales se consideraron donaciones que vulneraban la Ley de Financiación de los partidos políticos.
Resumen IA supervisado
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha anulado la sanción de 862.496 euros impuesta a Vox por el Tribunal de Cuentas, que consideró los ingresos por merchandising entre 2018 y 2020 como donaciones ilegales. El Supremo estimó el recurso de Vox, señalando que la sanción carecía de base probatoria y que la resolución no justificaba adecuadamente que estos ingresos no provinieran de ventas. La sentencia destaca la falta de tipicidad en la resolución sancionadora y critica la regulación legal de las actividades promocionales de partidos políticos por ser rudimentaria y difícil de aplicar.
* Resumen supervisado por periodistas.
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha anulado la sanción de 862.496 que impuso el Tribunal de Cuentas a Vox por los ingresos obtenidos por actividades promocionales (productos de merchandising) entre 2018 y 2020, que en su momento se consideraron donaciones que vulneraban la Ley de Financiación de los partidos políticos.
En ese sentido, el Supremo estima el recurso interpuesto por la formación de Santiago Abascal y concluye que la resolución sancionadora carece de base probatoria.
El Tribunal de Cuentas sancionó a Vox por una infracción muy grave de la Ley Orgánica sobre financiación de partidos políticos, consistente en haber recibido o aceptado donaciones no identificadas en efectivo por actividades promocionales entre los años 2018 y 2020. La sanción impuesta se fijó en su grado mínimo, que es el doble de la cantidad total indebidamente aceptada.
Ante eso, se considero que las sumas aportadas por los simpatizantes en los puestos de Vox solo podían ser producto de una venta o de una donación.
Por tanto, la resolución sancionadora concluyó que dadas las características del caso se trataba de donaciones al no tener los productos en cuestión un precio previo fijo por no haber facturas de venta y porque las aportaciones se hacían en huchas en las que aparecía la etiqueta de 'donativos'.
El acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas incluía el voto particular de dos consejeros que subrayaban el carácter insuficiente y oscuro de la regulación respecto a las actividades promocionales de los partidos políticos. Además, el voto particular argumentaba que la resolución sancionadora no había probado la gratuidad de las aportaciones de los simpatizantes de Vox.
Ninguna de las partes tiene razón
En la sentencia, la Sala explica que ninguna de las dos partes tiene razón. En ese sentido, señala que la gestión de la actividad promocional por el partido recurrente "parte de una visión estrecha y formalista de la legalidad, conduciendo así a una práctica desinhibida", mientras que "el control económico-financiero llevado a cabo por la resolución sancionadora, a falta de suficiente base probatoria, se apoya en una interpretación poco ortodoxa de los conceptos jurídicos, desembocando así en una decisión voluntarista".
El tribunal indica que lo normal en sede contencioso-administrativa sería desestimar la impugnación y confirmar el acto administrativo recurrido, dada la presunción de validez que legalmente goza. La sentencia, añade eso sí que "el presente caso versa sobre materia sancionadora, de aquí que las carencias probatorias y la muy cuestionable calificación jurídica de los hechos deba operar a favor del recurrente: los hechos no pueden subsumirse en la idea de aceptar o recibir donaciones fuera de los supuestos legalmente previstos, que es la infracción sancionada en el presente caso. Hay, en suma, falta de tipicidad".
Para la Sala, la fundamentación de la resolución sancionadora parte de un presupuesto que no se justifica: que los ingresos por actividades promocionales deben necesariamente caracterizarse como producto de venta o de donación, sin que quepa ninguna otra posible calificación jurídica. De aquí se seguiría que si en el caso concreto no puede hablarse de venta habrá donación de manera inexorable.
El tribunal, por su parte, entiende que este presupuesto no puede suscribirse, ante todo porque choca con la sistemática y terminología de la ley.
En ese sentido, la Sala recuerda que la ley distingue "entre ingresos por actividades promocionales e ingresos por donaciones, de manera que afirmar que aquellos han de asimilarse a estos requeriría una explicación precisa, que la resolución sancionadora no da".
La sentencia explica que la resolución recurrida tampoco justifica cumplidamente que la mayor parte de los ingresos de la formación por actividades promocionales no proviniesen de la venta de productos. "Es verdad que el recurrente admite que no había precio previo y fijo e incluso que a veces entregaban el producto sin recibir ningún dinero a cambio. Pero esto solo demuestra que a veces Vox regalaba objetos a sus simpatizantes , o que se los vendía por debajo de su coste de adquisición; lo que nunca podría calificarse como donación".
A lo sumo serían, según el Supremo, "actos de liberación del partido político hacia sus simpatizantes, y con independencia de la valoración legal y moral que pueda merecer, no puede ser caracterizado como aceptar o recibir donaciones, que es lo que se sanciona en este caso".
La Sala recuerda que las actividades promocionales de los partidos políticos están legalmente configuradas como fuentes de ingresos y que la única vía para sostener que el dinero dado por los simpatizantes al adquirir los productos ocultase una donación es que fuesen cantidades altísimas: "Esto no ha sido acreditado en el presenta caso. Ni se han probado episodios de transmisiones patrimoniales anónimas por encima de los 300 euros".
En relación con este argumento, la Sala indica que otro motivo por el que la resolución sancionadora no resulta convincente es por las cifras globales de la actividad promocional recogidas en la contabilidad de Vox que según los magistrados, son difícilmente compatibles con la vasta simulación que se le achaca.
La Sentencia incluye las cifras del coste de los productos de merchandising así como los ingresos por su venta y concluye que solo en el ejercicio de 2019 se aprecia una diferencia significativa entre costes e ingresos, pero que en todo caso no resulta desproporcionada. La Sala añade que en el ejercicio de 2020 hubo incluso pérdidas porque el coste de los productos superó el de los ingresos por su venta.
Para el tribunal hay, en suma, una falta de tipicidad aunque también destaca que "todo ello es achacable a una regulación legal rudimentaria de la actividad promocional de los partidos políticos y, desde luego, muy difícil de aplicar allí donde es exigible el rigor inherente al ius puniendi. El propio Tribunal de Cuentas ha sido consciente de ello, pues en algún momento reclamó, como se ha visto, la adopción de pautas más claras y precisas en esta materia".