El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto la puerta a aceptar una enmienda de ERC para modificar el delito de malversación, tradicionalmente asociado a la corrupción, a la par de la reforma del de sedición, que será renombrado como "desórdenes públicos agravados".

Sánchez ha abierto la puerta durante un corrillo informal con los periodistas en las celebraciones del Día de la Constitución en el Congreso, donde ha dado por hecho que los republicanos catalanes propondrán retocar la malversación y que, en cualquier caso, eso no conllevará una rebaja de las penas que tienen que ver con los delitos de corrupción.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha situado en la línea del presidente y ha destacado el "compromiso claro" en la lucha contra la corrupción del PSOE. Así, ha asegurado que "hay una línea roja" en la reforma del delito de malversación y que "en ningún caso" se va a apoyar "ninguna enmienda" que suponga favorecer la corrupción. En declaraciones a Telecinco, la ministra se ha pronunciado así ante la posibilidad de que ERC aproveche la tramitación de la eliminación del delito de sedición para pedir también que se modifique la malversación y ha insistido que "tiene poco rigor hablar de algo cuando todavía no está plasmado en un texto".

El anuncio de la reforma del delito de sedición conllevó consigo la posibilidad de tocar también la malversación, otro de los delitos por los que fueron condenados los líderes del procés, como Oriol Junqueras, y que permitiría rebajar la pena de inhabilitación a la que fue condenado por los hechos de octubre de 2017.

Sin embargo, la modificación de este delito no fue acogido con agrado en varios sectores del PSOE y tampoco entre algunos de los socios habituales del Ejecutivo, por la posibilidad de que los condenados por corrupción se beneficiaran de la modificación del Código Penal.

Además, pocos días después comenzaron a gotear las rebajas de condena de algunos agresores sexuales, beneficiados por la modificación de las penas contenida en la ley del 'sólo sí es sí', lo que añadió gasolina a la posibilidad de más efectos indeseados en una nueva reforma exprés del Código Penal.

Fuentes del Ejecutivo han explicado que esta modificación iría en línea a las reglas penales de países como Francia, Alemania, Italia o Portugal y que ni habrá retrocesos en la lucha contra la corrupción ni se moverán de este derecho comparado. Es el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien está negociando estos retoques.

Así, estas mismas fuentes ponen el ejemplo de un alcalde que recibe fondos europeos para digitalizar el Ayuntamiento, pero destina esas partidas a pagar nóminas porque carece de fondos. Eso, indican, no sería corrupción.

Desde el Gobierno insisten en que esta posible reforma no sería un coladero y que tampoco beneficiará a condenados del PSOE, especialmente pensando en los penados por el caso ERE como José Antonio Griñán. Señalan que al expresidente de la Junta de Andalucía se le aplica otra parte del Código Penal.