Esta fianza, cuya cuantía casi duplica los 28,1 millones de euros que pedía la Fiscalía al aumentar Hacienda la cantidad defraudada, responde a las responsabilidades pecuniarias a las que tendría que hacer frente el extesorero si finalmente es condenado y es independiente de la situación procesal de Bárcenas, que permanece en prisión incondicional desde el 27 de junio.
De no abonar esta fianza en el plazo de díez días, el juez decretaría el embargo de los bienes del extesorero hasta completar la cantidad reclamada a Bárcenas por delitos fiscales, de blanqueo de capitales, cohecho, falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa. Ruz ha cuantificado que las responsabilidades pecuniarias por todos esos conceptos ascienden a 32.405.119 euros, a los que añade el tercio legal para el cálculo de la fianza civil.
El cálculo se ha hecho teniendo en cuenta los últimos informes aportados esta semana por la Agencia Tributaria al juez y que llegaron días después de que la Fiscalía Anticorrupción reclamara una fianza de 28,1 millones el pasado 27 de junio, el mismo día que Bárcenas ingreso en prisión, aunque ya advirtió que la cantidad final dependería "de los informes periciales pendientes".
Hacienda aumentó en esos informes el dinero supuestamente defraudado por Bárcenas tanto en su declaración de IRPF como de Patrimonio en 2002, 2003, 2006 y 2007, tras el hallazgo de una nueva cuenta en Suiza en la entidad Lombard Odier, en la que llegó a acumular 26 millones de euros, y a ello se añaden los intereses de demora. Ruz cifra en 21.261.119 euros el dinero que tendría que pagar Bárcenas por los delitos fiscales, uno de ellos a título de cooperador necesario en la declaración de 2006 de su mujer, Rosalía Iglesias.
Por el delito continuando de blanqueo de capitales, ha calculado que la responsabilidad pecuniaria asociada al mismo es de 11 millones de euros. Por el de cohecho, el juez considera que el extesorero tendría que pagar, de ser condenado, una multa de 90.000 euros, mientras que por el de la tentativa de estafa procesal calcula 18.000 euros y por el de falsedad documental 36.000 euros.