El Pleno del Congreso de los Diputados dará este jueves vía libre a la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana para su entrada en vigor definitiva después de que fuese aprobada en el Senado el pasado 12 de marzo introduciendo algunas novedades como la que abre la puerta a que el ordenamiento jurídico español regule el registro de pasajeros en aviones, una propuesta defendida por varios países de la Unión Europea como medida para combatir la llegada de terroristas yihadistas.

En concreto, es la enmienda que modifica el apartado 1 del artículo 25 sobre las "Obligaciones de registro documental" en el que se dice que quienes "ejerzan actividades relevantes para la seguridad ciudadana" quedarán sujetas a "las obligaciones de registro documental e información en los términos que establezcan las disposiciones aplicables".

Entre esas "actividades relevantes" la Ley incluía numerosas categorías como hospedarse en un hotel, comprar un teléfono móvil, alquilar un coche, compraventa de joyas u obras de arte. La novedad que introduce ahora el PP en el texto es que entre esas actividades, se añade también el "transporte de personas".

Rechazo en frontera
Durante su paso por el Senado la mayoría de grupos de la oposición han mostrado su rechazo a la enmienda introducida en su día por los 'populares' para regular el rechazo de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla.

El redactado final de la Ley dice que "los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España".

También se especifica que "las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa en materia de protección internacional".

El PP presentó en el Senado una nueva redacción de esta enmienda en la que se recogía expresamente que "el Ministerio del Interior aprobará un protocolo de actuación de las Fuerzas de Seguridad en los perímetros fronterizos", sin embargo esta parte finalmente no ha sido incluida pese a que era una reclamación de ACNUR.

Fuentes 'populares' han explicado que la retirada de esa frase responde a cuestiones técnicas dado que al tratarse de una Ley Orgánica no se podría desarrollar en el futuro reglamento. No obstante, las fuentes consultadas han garantizado que desde el Ministerio del Interior existe el compromiso de dotar a las fuerzas de seguridad de este protocolo de actuación.