La enmienda 874 ha hecho saltar las alarmas. El temor se debe a que actos como un escrache que termine con altercados, pueda ser castigado como terrorismo. Ignacio Gracía Tábora, abogado penalista, ha explicado que "es un despropósito, nos estamos acercando peligrosamente a lo que se denomina estado policial".
Esta enmienda considera terrorismo cualquier delito grave que altere la paz social. En el punto de mira actos como las convocatorias de Rodea el Congreso o el asedio al Parlament catalán en 2011. Pablo Llanera, Presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha afirmado que "no se está contemplando como delito terrorista este tipo de acosos colectivos, que a lo que afecta es a los desórdenes públicos".
Pero para muchos juristas usar un concepto tan ambiguo como "atentar contra la paz social" puede esconder un objetivo. Joaquím Bosch, portavoz de Jueces Para la Democracia, ha explicado que "hay todo un proceso impulsado por el gobierno de criminalizar las protestas sociales para provocar un efecto disuasorio". Temen que los derechos de expresión y de manifestación sean vapuleados primero por la 'ley mordaza' y ahora por la futura ley antiterrorista.