El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana espera tener lista antes de que acabe 2025 una plataforma única estatal que unifique datos, estudios y normativas en materia de pisos turísticos para ver lo que mejor está funcionando, adoptar medidas al respecto y tener más agilidad para combatir el fraude.
Con el desarrollo de esta plataforma en los plazos que maneja el ministerio en base al reglamento europeo que entró en vigor el pasado lunes y que regula el fenómeno de las plataformas que ofertan este tipo de alojamientos, España sería uno de los primeros países europeos en tenerla en marcha, ha indicado la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, antes de la Conferencia Sectorial para abordar con las comunidades el impacto de los pisos turísticos sobre la vivienda residencial.
Los países europeos tienen dos años de plazo para poner en marcha esta plataforma. Rodríguez ha apuntado que con ello se permite un mejor diagnóstico, el uso de herramientas y la persecución del fraude en un sector en el que ha reconocido que hay mucha "alegalidad" y cuya proliferación está reduciendo la vivienda en alquiler residencial y provocando un incremento de precios.
Al amparo de la reciente normativa Europea
La ministra ha explicado que esta normativa europea pretende tener mejores datos para afrontar este fenómeno y perseguir el fraude homologando la gestión de los alojamientos turísticos, aquellos temporales de menos de un año y los de habitaciones, siempre que se formalicen a través de las plataformas creadas para ello, como puede ser Airbnb. Con ello se quiere una uniformidad de datos entre todos los países miembros de la UE y poder ir más allá, con la ayuda de la inteligencia artificial, para perseguir el fraude.
Reducen la oferta y encarecen los precios En el marco de la sectorial de hoy, que cuenta, además de las comunidades autónomas y de sus responsables de Turismo, con la participación del Ministerio de Industria y Turismo y de la FEMP, Rodríguez les va a proponer hacer uso de la conferencia multilateral para la puesta en marcha de esta plataforma.
El Ministerio de Vivienda, que espera la colaboración de las comunidades autónomas, insiste en que la proliferación de estos alojamientos está limitando la oferta, encareciendo los precios y afectando al acceso a la vivienda. En un comunicado posterior a la reunión, ese departamento ha dicho que la ministra ha anunciado a los consejeros autonómicos que, junto al Ministerio de Industria y Turismo, adelantarán el cumplimiento del reglamento europeo que recoge los datos de pisos turísticos, lo que permitirá crear la plataforma estatal con las comunidades para compartir datos y normativas sobre estos alojamientos con el fin de combatir el fraude.
En el comunicado, el departamento que dirige Rodríguez dice que los representantes de las comunidades "han dado la bienvenida al Registro Estatal y, en su mayoría, han pedido que la propuesta conjunta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Ministerio de Industria y Turismo se ponga en marcha cuanto antes". No obstante, varios consejeros autonómicos del PP han coincidido en que el problema de los pisos turísticos "es culpa" de la "nefasta" Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno, que ha provocado una situación "desastrosa".
La consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha dicho que el Ministerio de Vivienda "no es competente en materia de vivienda turística" y ha dicho que la ley ha retirado vivienda del mercado. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha apuntado que su región rechaza "una intervención feroz" del Gobierno "en cuanto a las viviendas turísticas".
El consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda de Extremadura, Manuel Martín, ha reconocido que en su región no hay un gran problema con los pisos turísticos, pues sólo abundan en Cáceres y Mérida, pero sí que ha dicho que la Ley de Vivienda "espanta a los arrendadores" que la dedican al "alquiler tradicional". La ministra ha dicho que "frente a cualquier otro uso" de la vivienda va a primar siempre el residencial y ha apuntado que entre 2010 y 2018 los pisos turísticos se dispararon un 80 %, coincidiendo con el nacimiento de las plataformas de alquiler turístico.
Por ello, ha abogado por dar transparencia, seguridad a estas fórmulas y hacerlas compatibles con el acceso a la vivienda. Rodríguez se ha mostrado en varias ocasiones partidaria de limitar los alojamientos turísticos en zonas tensionadas respetando las competencias autonómicas.
El sector turístico también denuncia el impacto que están teniendo estos excesos y reclama una ley estatal que controle el crecimiento desbocado de los pisos turísticos. La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) reclama a las administraciones que actúen con responsabilidad y sin ideología ante la crisis habitacional más grave de los últimos 50 años y, tras la Ley de Vivienda, calcula un retroceso del parque de alquiler del 30 % y un alza de precios del 12 %.