La Junta de Portavoces y la Mesa del Parlament se han reunido de forma extraordinaria para tratar de dar una respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional de admitir la impugnación del Gobierno contra la declaración soberanista aprobada en enero y que ha supuesto la suspensión provisional.
La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, ha subrayado que la declaración de soberanía sigue "vigente" al tratarse de una resolución "política" sin "efectos jurídicos".
De Gispert ha argumentado que “no supone ni la independencia ni la creación de un Estado propio, sino que declara la soberanía del pueblo catalán para hacer una consulta".
También ha expresado su confianza en la "objetividad" del Tribunal Constitucional y en los conocimientos jurídicos y técnicos de sus miembros a la hora de emitir su fallo definitivo.
La presidenta ha explicado que se ha solicitado a los servicios jurídicos de la cámara catalana que "defiendan" los intereses de esta institución, así como la "legalidad" de la declaración de soberanía, en la medida en que la "mayoría" de los grupos reivindican esta resolución.
Tras esta primera apreciación, los servicios jurídicos del Parlament estudian las alegaciones que presentarán contra la suspensión provisional de la resolución de soberanía, cuyo plazo para su presentación expira dentro de veinte días.
Las discrepancias entre sobre la conveniencia de crear la comisión de estudio por el derecho a decidir se ha vuelto a reproducir en la Junta de Portavoces, pero la mayoría de los partidos han decidido seguir adelante con su creación.