Los detalles del plan

Una petición de la Iglesia apoyada por todo el Congreso menos por Vox: la intrahistoria de la regularización extraordinaria de migrantes

Los detalles El proceso se puso en marcha en 2024 a petición de la Iglesia Católica. Un año y medio más tarde fue aprobada en el Congreso con solo 33 votos en contra, los de Vox.

Manifestantes ante el Congreso de los Diputados este martes con motivo de la votación a la iniciativa legislativa popular que regulará la situación de medio millón de migrantes en España.

Regularizar a trabajadores sin papeles que tienen un papel clave para la economía española. Es el objetivo del plan de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno, cuyo periodo de presentación de solicitudes concluye este martes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "sin inmigración, España perdería un 19% de su PIB en 2050 y un 22% en 2075".

Pero tras esta regularización no solo hay cuestiones económicas. También hay un fuerte componente social. De hecho, la Iglesia Católica fue la gran impulsora de esta medida en 2023. "Nosotros dijimos que el asunto podría haberse resuelto por un decreto, como al final ha terminado siendo", dijo entonces el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.

Esa petición dio el pistoletazo de salida a una iniciativa que el Congreso aprobó un año y medio más tarde, en 2024, con 310 votos a favor y tan solo 33 en contra, los 33 de Vox. El PP votó a favor y ahora, en 2026, tras la visita del presidente de Cáritas a Moncloa, ya es una realidad.

Eso sí, para poder acogerse a la regularización extraordinaria, los migrantes no podrán tener antecedentes penales ni suponer un problema para la seguridad ni la convivencia, y además, tienen que demostrar que residían en España antes de enero de 2026 o, en su defecto, que ya habían solicitado protección internacional antes de esa fecha.

Al abrir este proceso, el Gobierno esperaba medio millón de solicitudes, pero Pedro Sánchez ha anunciado este martes que, por el momento, se han duplicado las expectativas, con "más de un millón de solicitudes presentadas". A partir de ahora, todos esos solicitantes quedarán a la espera de recibir la resolución que les permita, por fin, regularizar su situación en España.

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