El Gobierno se ha comprometido a estudiar más medidas de apoyo al campo para paliar los efectos de la sequía, unos daños que ya son millonarios y que se han detallado este miércoles en la esperada Mesa Nacional de la Sequía.

Tras la reunión, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha anunciado que además, el titular del Departamento pedirá a Bruselas a través de una misiva flexibilidad en la aplicación de la Política Agraria Común para los sectores afectados por esta situación.

La reunión de la Mesa de la Sequía, que ha sido la primera desde hace un año -por lo que para muchos llega tarde-, ha tratado de buscar "posibles medidas que puedan adoptarse por parte de las diferentes administraciones, incluido el Gobierno". El objetivo del Ejecutivo, que ha acudido al encuentro con representantes de los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica, era tener una reunión técnica para hacer un seguimiento de la situación, observar qué zonas y sectores hay que priorizar a la hora de destinar las ayudas.

Pero las organizaciones de agricultores, que también han participado en la mesa junto con las cooperativas agroalimentarias y las comunidades de regantes, han querido extraer conclusiones más tangibles, en forma de ayudas directas y bonificaciones fiscales. Aunque no parece que hayan logrado avances prometedores, atendiendo a sus manifestaciones. Desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) han pedido al Gobierno que apruebe un Real Decreto de Sequía con medidas "concisas, concretas, claras y urgentes" para contrarrestar los efectos de una situación "caótica" para la que no hay "diagnósticos ni excusas".

En la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) se han expresado en términos similares, reclamando un decreto ley de sequía acompañado de un pacto de Estado para solventar cuanto antes esta situación: "Esto no puede ser arma arrojadiza entre gobiernos. Las medidas deben ser pactadas con el sector". Asimismo, han solicitado que "que no haya ocurrencias en el BOE ni peleas políticas con esta cuestión". Lo mismo advierten desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que dicen "coincidir" en el diagnóstico con el Gobierno, y precisamente por ello reclaman medidas de urgencia: "Necesitamos presupuesto comunitario estatal y de CCAA. La situación no va a mejorar, y para una situación excepcional necesitamos medidas excepcionales".

Por un regadío sostenible

Para la problemática que afrontan los cultivos de regadío, Planas ha propuesto modernizar los sistemas para combatir la falta de agua. La cantidad de vegetales que se producen mediante técnicas de regadío es muy significativa: España tiene 3,8 millones de hectáreas de regadío que producen más de la mitad de los vegetales del país. Por eso, más allá de la respuesta que se pueda dar a corto plazo, el Ejecutivo quiere medidas que garanticen la sostenibilidad de regadío. "El debate no es si regadío sí o regadío no, es que tiene que ser un regadío sostenible de cara al futuro si queremos continuar con el nivel de producción que nos permita la autonomía alimentaria y las exportaciones", ha advertido el responsable de Agricultura.

Eso pasa por "modernizar el regadío y utilización de otras fuentes de aprovisionamiento de agua como las no convencionales, las recicladas y el uso de desaladoras". Las inversiones previstas para ello entre los años 2022 y 2027 son de 2.130 millones de euros y otros 1.255 millones con cargo al Fondo de Recuperación Transformación y Resiliencia. Estos se unen a los 5.000 millones de obras de Transición de Ecológica y al Perte de digitalización del agua. La situación con los cultivos de secano es diferente: la mayor parte, avisa el ministro, podrá efectuar su siembra y obtener cosecha pero "con rendimiento inferior por estas condiciones climáticas".

Para ellos se ha destinado un seguro agrario combinado que produce las compensaciones para los agricultores que tendrán una menor producción. Para aquellos agricultores que no siembren porque estiman que no se dan las condiciones se han aprobado 281 millones de euros para apoyar a estos agricultores de manera "eficaz".

Desde el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que es necesario "reconfigurar" la manera de relacionarse "con un bien cada vez más escaso" como el agua y ha expresado su deseo de que la lucha contra la sequía se convierta en una "política de Estado", ya que el "desafío" es "evidente".

Por ahora, el valor medio de las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año hidrológico (1 de octubre de 2022) es un 23,5 % inferior al valor normal. Además, se han presentado los avances de superficies y producciones y se han analizado las dificultades más relevantes para territorios y sectores en las producciones agrícolas y ganaderas; por ahora, se han detectado en la ganadería, en particular la extensiva y la apicultura, así como en los cultivos herbáceos.

Cataluña reclama un 'decreto de sequía'

De los representantes autonómicos presentes en la mesa, la consellera de Acción Climática de Cataluña, Teresa Jordá, ha solicitado un decreto de sequía, ayudas económicas para los sectores agrícola y ganadero y beneficios fiscales para esta autonomía, una de las más afectadas por la sequía.

Por su parte, la consellera de Agricultura y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, Isaura Navarro, ha lamentado la situación de falta de lluvias tan grave, aunque ha asegurado que el Gobierno regional tiene "los deberes hechos" en infraestructuras para depuración y reutilización de aguas de regadío.

Desde Sevilla, la consejera andaluza de Agricultura, Carmen Crespo, ha explicado que esta autonomía se ha centrado en pedir que se anticipe el 90 % de las ayudas de la PAC en octubre en vez del 70 %, como se hace habitualmente, y que el ministerio use la reserva de crisis.