El Ministro de Interior justifica las devoluciones en caliente afirmando: "Que me den la dirección y les envío a los que saltan a la valla". Sin embargo, los abogados denuncian que se violan con ellas hasta once normas nacionales e internacionales.
“Todas las personas que entren en España tienen derecho a ser oídas y a un expediente”, afirma Marcelo Belgrano, miembro del Consejo General de la Abogacía Española. El pasado octubre, la excomisaria europea de Interior, Cecilia Malstrom ya advertía de que “podría resultar una violación de las obligaciones de España a tenor del Derecho de la UE”.
Ahora esta desobediencia a Europa podría salir cara: “Podría poner una multa a España por violar la normativa comunitaria”, señala Virginia Álvarez, perteneciente a Amnistía Internacional España. Porque de aprobarse, España tendría el dudoso honor de ser el primer país de la UE que incluye esta práctica en su legislación.
En este aspecto, Virginia afirma: “Hemos denunciado expulsiones ilegales en otros países como Bulgaria o Grecia pero allí no se intenta incluir en la ley”. Eso teniendo en cuenta que en Ceuta y Melilla entraron este año 5.000 personas, frente a las 43.000 que lo hicieron por Grecia y Bulgaria o las 153.000 en el caso de Italia. Aun así, estas devoluciones pasan ahora su último trámite en el Senado, también de mayoría del PP.