Cada año miles de mujeres en el mundo se someten a un aborto. Algunas con seguridades médicas y legales, otras muchas no. Pero a pesar de ello y de las desigualdades que afrontan las mujeres para poder decidir sobre su propio cuerpo dependiendo de dónde vivan, los abortos se seguirán produciendo. Así lo entienden desde Amnistía Internacional. "Penalizar el aborto no lo impide, solo hace que sea menos seguro", explican. Y los datos lo demuestran. Según el Instituto Guttmacher, organización sin ánimo de lucro del campo de la salud reproductiva con sede en Estados Unidos, la tasa de abortos es de 37 por 1.000 personas en los países que prohíben el aborto totalmente o lo permiten sólo en caso de riesgo para la vida de la mujer y de 34 por 1.000 personas en los que lo permiten en general, una diferencia mínima que no es significativa en valores estadísticos.
En España, la historia también refrenda esta tesis. A lo largo de los años, las mujeres que así lo deseaban, que lo necesitaban incluso de forma imperativa, han buscado la forma para poder interrumpir su embarazo.
Viajes a Londres y a Holanda, las más afortunadas, las que tenían posibles o conseguían reunir, con la ayuda de amigas en muchos casos, las 30.000 pesetas que costaba en los años 70. Las menos afortunadas se enfrentaban a intervenciones clandestinas. Son la otra cara de la historia reproductiva en nuestro país.
Mónica (nombre ficticio) recuerda la historia de las mujeres de su familia. Mujeres humildes que se habían trasladado desde un pequeño pueblo de Extremadura a Madrid para trabajar en casas como asistentas y en labores de limpieza. Todo se mantuvo en secreto. Ella se enteró en la intimidad del funeral de su abuela, en esas conversaciones que surgen para romper el hielo, para que las horas pasen más rápido.
"Después de ese día no lo hemos vuelto a hablar, sigue siendo un absoluto secreto"
"Ninguna sabíamos nada", relata en conversación con laSexta. Una prima de su madre había abortado en la adolescencia. Al novio de entonces le recuerdan como "el guapo". Un viaje a Londres organizado con la más absoluta discreción, gracias a un contacto con una amiga de su madre que trabajaba en la ciudad. Un gran esfuerzo para una familia que no contaba con grandes recursos económicos y un secreto guardado durante años. Era principios de los 80 y el aborto en España no se contemplaba bajo ninguna condición. "Después de ese día no lo hemos vuelto a hablar, sigue siendo un absoluto secreto, aún ahora en los tiempos que corren", confiesa Mónica.
De la ley de supuestos a la de plazos: una lucha politizada
Poco después, en 1985 llegaría la primera Ley del Aborto a España. Una ley en la que realmente no se legalizaba el aborto sino que se planteaban tres supuestos en los que se podía interrumpir un embarazo:
- Riesgo grave para la salud física o psíquica de la embarazada, un supuesto terapéutico que había de acreditarse con un informe médico y bajo el que se podía abortar en cualquier momento de la gestación.
- Violación, supuesto criminológico que, denuncia policial mediante, permitía abortar durante las primeras 12 semanas de gestación (opción irreal ya que la mayoría no presentaban denuncia).
- Malformaciones o taras físicas o psíquicas en el feto. Es el llamado supuesto eugenésico y sólo estaba permitido en las primeras 22 semanas de embarazo con un informe médico que lo avalase.
Además, se establecía que sólo las mujeres mayores de 18 años podían abortar sin necesitar más consentimiento que el propio. Es decir, las chicas de 16 y 17 años, igual que el resto de menores de edad, necesitaban la autorización de sus padres o tutores para poder someterse a esta intervención. Algo que 40 años después parece que va a cambiar.
Así, el aborto inducido seguía tipificado en el Código Penal con penas de prisión en distinto grado tanto para la gestante como para el médico que lo practicara salvo en esas circunstancias específicas. Y mientras, seguían los juicios y las denuncias a mujeres y médicos por realizar interrupciones del embarazo.
Se tardó 30 años en conseguir otro avance en los derechos de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo. El artículo 15 de la Constitución, "todos tienen derecho a la vida", ha marcado la lucha de millones de mujeres frente a los llamados provida.
Fue en 2010 cuando el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y su Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, hacía que el aborto fuera una decisión libre de la mujer en las primeras 14 semanas de gestación. Incluso hasta la semana 22 si había riesgo para la madre o graves anomalías en el feto. Una ley que encontró de nuevo una gran oposición en la derecha.
Sólo tres años después y ya con el Gobierno del PP, se ponía sobre la mesa un proyecto que eliminaba las malformaciones del feto como una de las condiciones para mantener ese supuesto del aborto. "Si hay interrupción del embarazo, será por un motivo distinto pero jamás podrá ser por la discapacidad de una persona, porque eso significaría crear personas de primera y de segunda", decía el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Sus palabras desembocaron en una gran reacción social, con protestas y manifestaciones, llegando a provocar la falta de consenso en el seno del propio Partido Popular. Finalmente el presidente Rajoy optaba por retirar el anteproyecto. Sólo un año después, en 2014, Gallardón presentaba su dimisión como ministro de Justicia.
En 2015, Rajoy introducía una modificación en la ley del aborto centrada, básicamente, en la obligatoriedad del permiso paterno para jóvenes entre 16 y 17 años.
Toda una muestra de los avances y retrocesos que a lo largo de la historia de España se han vivido para que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo. Decisiones politizadas que afectan a millones de mujeres.
Ahora, 2022, comienzan a trascender los detalles de la nueva Ley de Salud Sexual. El ministerio de Igualdad, con Irene Montero al frente, apuesta por eliminar el polémico permiso paterno a las mujeres de entre 16 y 17 años. Algo que aún se está debatiendo en el Gobierno. Además, se apuesta porque sea la Sanidad Pública, y no las clínicas privadas autorizadas, la que realice las intervenciones.
Nueva polémica entorno al aborto farmacológico
Un punto que para la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) puede generar conflictos. Y es que defienden que "hace falta un trabajo previo, que no se ha hecho" para que la Sanidad Pública asegure el relevo. "No se han creado unidades multidisciplinares integradas por profesionales comprometidos con la situación de la mujer, ni formados en todos los métodos, capaces de garantizar la seguridad sanitaria, la libertad de elección, la intimidad y el acompañamiento", denuncian.
Además, ponen el foco en que con la nueva ley se pueda abrir la puerta a que los centros solo ofrezcan el aborto farmacológico que "es el que menos formación profesional requiere al ser la mujer la que prácticamente por sí misma realiza la intervención" y el que en mayor medida responde a los intereses profesionales y personales del personal médico y sanitario, ya que "al distanciarse del proceso no se sienten afectados".
Esta asociación también considera oportuna la supresión de los tres días de reflexión y la obligatoriedad de la información previa que "solo servían para alargar un proceso que debe ser corto en los tiempos", ya que cuando una mujer acude a una consulta para interrumpir su embarazo, la decisión ya ha sido meditada con anterioridad. Además, con ese sobre de información previa, cada Comunidad, con la posición política de su gobierno regional, podía 'informar' con una base más política que de salud.
Ser migrante en España y querer interrumpir el embarazo
Si el recorrido para las miles de mujeres con nacionalidad española que necesitan someterse a una interrupción voluntaria del embarazo es complejo, el camino que deben afrontar las mujeres migrantes en nuestro país es, por definirlo de alguna forma, tortuoso.
Así lo describen desde Calala Fondo de Mujeres a laSexta. Desde 2012 las personas extranjeras no tienen acceso a la sanidad pública del mismo modo que las extranjeras. Un tiempo y unas formas con las que se pone en riesgo la vida de las mujeres migrantes en España que por el motivo que sea necesitan abortar. Por ejemplo, se les exige que justifiquen que llevan en España más de 90 días. Algo que en la práctica lleva mucho tiempo, un tiempo que corre en su contra y con el que es fácil en las 14 semanas de embarazo que contempla la ley. La activista Margarita Morales explica que se ven abocadas a depender de asociaciones que de forma desinteresada y con fondos privados las ayuden. "La mayoría de mujeres migrantes y sobre todo sin papeles, se quedan fuera del proceso público", explica. Toda una odisea en la que al dolor físico y mental se suma la incapacidad económica de la gran mayoría. Ahora está por ver si la inminente modificación de la ley prevé estos casos.
La mayoría de mujeres migrantes y sobre todo sin papeles, se quedan fuera del proceso público
Fuera de nuestras fronteras, la situación es límite. En el caso de Centroamérica. En El Salvador, Honduras y Nicaragua está prohibido el aborto bajo cualquier condición. "Se presume la culpabilidad de las mujeres por encima del derecho a la presunción de inocencia. En el caso de El salvador es reciente el caso de una mujer, condenada por sufrir un aborto espontáneo", destaca Morales.
Se refiere al caso de Esme, una mujer que con 28 años sufrió un aborto espontáneo. Estaba sola en su casa en una zona rural de El Salvador cuando dio a luz. El bebé murió, mientras que ella fue llevada de emergencia al hospital con una hemorragia y desgarre. A pesar de la emergencia obstétrica, Esme fue acusada y llevada a prisión preventiva. Ahora ha sido condenada a 30 años de prisión. Esme tiene otra hija de siete años.
En Centroamérica la situación de evolución del aborto ha ido a la inversa, de ser legal a haberse convertido en una práctica totalmente fuera de la ley. Según Morales, esta involución se ha producido por "la influencia de la iglesia pentecostal y católica, con una gran fuerza política. Los gobiernos negocian votos con ellos a cambio de eliminar derechos de las mujeres".
Una cuestión de derechos humanos
Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), "la imposibilidad de acceder a una atención para el aborto segura, oportuna, asequible y respetuosa es un grave problema para la salud pública y una violación de los derechos humanos". Cerca del 45% de los abortos se realizan en condiciones peligrosas, y el 97% de esos abortos se practican en los países en desarrollo. A pesar de que se puede prevenir, el aborto peligroso es una de las principales causas de morbimortalidad materna y puede provocar complicaciones físicas y psíquicas y perjuicios sociales y económicos a las mujeres, las comunidades y los sistemas de salud.
Los expertos enumeran los riesgos de la mujer en un aborto inseguro, desde el aborto incompleto en el que no se retiran o se expulsan del útero todos los tejidos embrionarios, hemorragias, infecciones, perforación uterina y daños en el aparato genital y en órganos internos debidos a la introducción de objetos peligrosos.
Unas consecuencias muy reales para millones de mujeres en todo el mundo. Cada año, entre el 4,7% y el 13,2% de las muertes maternas se deben a un aborto peligroso, según los datos de la OMS.
Mientras, en España las mujeres siguen sufriendo la presión de los antiabortistas en las clínicas habilitadas para las interrupciones del embarazo. Ellos dicen que tienen derecho a rezar ante esas clínicas.