las cloacas del PSOE
Leire Díez recurre la petición del juez Pedraz a las compañías telefónicas por suponer "una investigación prospectiva"
Los detalles Consideran "incuestionable" que acordar la injerencia en las comunicaciones durante el periodo de octubre de 2020 hasta el 11 de diciembre de 2025, cuando los hechos investigados se circunscriben a los años 2021 y 2023, "entra en confrontación con los derechos fundamentales".
Resumen IA supervisado
La defensa de Leire Díez ha recurrido el auto del juez Santiago Pedraz, que autorizó a varias compañías telefónicas a entregar el listado de comunicaciones de su teléfono. Consideran que investigar desde octubre de 2020 hasta diciembre de 2025, cuando los hechos se centran en 2021 y 2023, es una "injerencia desmesurada" que vulnera derechos fundamentales. Díez denuncia que la Guardia Civil accedió ilegítimamente a su móvil tras su arresto. La defensa critica la falta de base fáctica para autorizar esta medida y pide limitar la investigación al periodo 2021-2023, eliminando comunicaciones fuera de ese marco.
* Resumen supervisado por periodistas.
La defensa de Leire Díez ha recurrido en reforma el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por el que acordó autorizar la emisión de mandamientos a varias compañías telefónicas para que aporten el listado de las comunicaciones entrantes y salientes correspondientes a los números de su teléfono.
Así, consideran "incuestionable" que acordar la injerencia en las comunicaciones durante el periodo de octubre de 2020 hasta el 11 de diciembre de 2025, cuando los hechos investigados se circunscriben a los años 2021 y 2023, supone "una investigación prospectiva, que entra en confrontación con los derechos fundamentales recogidos en el artículo 24 de la Constitución a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva", según el escrito al que ha tenido acceso laSexta.
La exmilitante socialista ha manifestado que el acceso a sus comunicaciones durante cinco años supone una "injerencia desmesurada y desproporcionada", y ha denunciado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accedió de manera ilegítima a su móvil tras su arresto, el pasado diciembre.
La defensa de Díez carga así contra uno de los elementos nucleares en la evolución de la investigación, que arrancó con supuestas mordidas en contratos públicos y ha desembocado en una presunta trama para desestabilizar procesos judiciales contra el PSOE y el Gobierno. Los informes policiales que obran en el sumario están repletos de conversaciones por mensajería mantenidas entre Díez y otros investigados, así como grabaciones de conversaciones entre los implicados. Tras levantarse el secreto de sumario, han salido a la luz mensajes de Díez en los que, por ejemplo, decía que su "prioridad en todo esto" es "el presidente" o "ayer hablando con Santos le dije que además de destruir lo malo, al presi hay que ayudarle a generar ecosistemas de apoyo".
La defensa de la también extrabajadora de las empresas públicas Enusa y Correos ha señalado que ese visto bueno del juez parte "de una solicitud de la UCO que ha sido emitida a raíz de la intervención del teléfono móvil de los investigados en el momento de su detención y el acceso ilegítimo al mismo, pues solo a raíz de ello puede la UCO sospechar irregularidades en el contenido del teléfono y saber qué hay en él".
No hay —sostiene— base fáctica objetiva para autorizar tal medida, pues la UCO no especificó en qué elementos se apoya para creer que existen comunicaciones de los investigados con otras personas o por qué tendrían relevancia penal. Rechaza así que "meras sospechas" no pueden ser base para solicitar y acordar "la injerencia en las comunicaciones", y subraya "la nulidad de tal medida al partir de un acto completamente nulo por parte de la UCO".
Especialmente crítica es con el periodo "completamente extralimitado" de análisis de sus comunicaciones, cinco años, "cuando los hechos por los que se ha incoado la presente causa se circunscriben al periodo temporal 2021-2023". En su opinión, esa petición busca "obtener más posibles elementos probatorios".
Por eso cree que los investigadores han alegado "motivos genéricos y poco precisos para justificar la solicitud de la autorización judicial a tal medida" en una investigación que considera "prospectiva". Para la abogada, "habría sido tan sencillo como solicitar" a Díez que aportase sus comunicaciones entre 2021 y 2023.
Con todo, la letrada pide revocar el auto que solicitaba a compañías telefónicas el "listado de las comunicaciones entrantes y salientes" de Díez o, subsidiariamente, circunscribir la medida entre 2021 y 2023, expulsando de la causa "todas las comunicaciones, mensajes, llamadas, archivos y material instructor" que exceda ese periodo.