La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) ha alertado de que que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un Decreto Ley en el que se modifica el régimen jurídico de gestión de las emisoras municipales, facultando a los Ayuntamientos para que puedan ceder su gestión indirecta a terceros, incluidas las emisoras comerciales.
Ello supone la utilización de un mecanismo legislativo propio de situaciones de urgente necesidad para conseguir, sin consulta al sector, sin debate parlamentario y sin trámite de alegaciones, la derogación del marco jurídico autonómico anterior por el que se regían las emisoras municipales, que tenían prohibida la gestión indirecta. Los términos de este Decreto Ley son contrarios a la legislación estatal básica que sirve de límite a la acción legislativa autonómica, y que establece —atendiendo a la protección del pluralismo, y la promoción de la cultura, la educación y el entretenimiento fijados en la Ley General de Comunicación Audiovisual—, que las Comunidades Autónomas no tienen competencia para acordar la gestión indirecta de las emisoras municipales.
La AERC aglutina a los empresarios de radiodifusión comercial, empresarios que operan con título habilitante conseguido mediante adjudicación pública con base en criterios de pública concurrencia, idoneidad y capacidad técnica. Como tales, los operadores de radios comerciales concurrieron a los concursos públicos correspondientes sobre la base de una creencia en la seguridad jurídica del Estado, cimentada sobre un Plan Técnico elaborado con base en una planificación distinta de aquélla que sirvió para configurar la red de emisoras locales y su gestión.
Aprobar ahora una norma como el Decreto Ley en cuestión dinamita dicha seguridad jurídica, por cuanto añade, sólo en Andalucía, cientos de emisoras al mercado que pasarían a poder ser gestionadas sin la protección a la concurrencia y la idoneidad que garantiza la Legislación Estatal Básica.
Este Decreto Ley lesiona irreparablemente la capacidad del Estado de planificar y controlar el espectro radioeléctrico, bien imprescriptible de dominio público, cuya titularidad, gestión y planificación corresponde en exclusiva a la Secretaría de Estado de la Sociedad de Información y Agenda Digital, dependiente del Ministerio de Economía.
Asimismo, genera trato discriminatorio entre operadores de radio y entre territorios del Estado, introduce inseguridad jurídica para los operadores de radio comercial que acometen inversiones en infraestructuras y contenidos, y supone una abdicación del control de idoneidad técnica, solvencia y capacidad necesarios para la prestación de un servicio de radiodifusión de calidad, plural y competitivo.