El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ordenó a la Policía recabar en la sede del PP toda la documentación relacionada con la reforma del edificio de la calle Génova, pero también "cualesquiera otros elementos que pudieran estar relacionados con los apuntes contables" del extesorero de la formación Luis Bárcenas que reflejarían una supuesta caja B.
En el auto en el que autorizó ayer tarde la petición de información, el magistrado ordenaba requerir al partido que entregara "la totalidad de la documentación de cualquier género que obrare en las dependencias de tesorería, gerencia, contabilidad, caja, auditoría interna o cualesquiera otros archivos del Partido Popular albergados en la sede" referidos a esas obras.
En el escrito, el juez añadía que la Policía también debía recabar "cuanta documentación en soporte papel o digital que guarde relación con los hechos" y con los apuntes de Bárcenas, en especial la referida a entregas de dinero al arquitecto que hizo las obras, Gonzalo Urquijo -que aparece en los papeles de Bárcenas como receptor de 888.000 euros-, y su empresa Unifica.
El juez además establecía que si el PP no hubiera accedido al requerimiento se habría ordenado la entrada y registro de la sede, cosa que no ocurrió. El secretario judicial de Ruz y dos agentes de la Policía han permanecido catorce horas -desde ayer a las 20.00 hasta hoy hasta las 10.10 horas- en la sede del PP de Génova 13 recabando la información pedida por el juez sobre las obras en el edificio, que los investigadores creen que se pagaron, en parte, con dinero negro.
En el auto, de 16 páginas, el juez recuerda que pidió la información al PP el 30 de julio y que el partido le remitió varios documentos el 10 de agosto, pero añade que la semana pasada el partido entregó a la Fiscalía Anticorrupción diecisiete facturas fotocopiadas, algunas de las cuales no había remitido al juez en agosto. En concreto, Ruz destaca que solo cinco de esos diecisiete documentos le habían sido remitidos en agosto y que otros doce le son nuevos y "de relevancia para la presente instrucción", consistentes en "órdenes de pago y recibís con diversas anotaciones manuscritas y firmas estampadas sobre los documentos".
Estos doce documentos, insiste, no habían sido "aportados antes por la formación política pese al requerimiento" del juez y, en algunos casos, "aportan matices respecto de la documentación" requisada en un registro a la empresa Unifica. El magistrado recuerda que en este caso se investigan delitos contra la Administración Pública como cohecho y tráfico de influencias y, en cuanto a Unifica, delitos fiscales que implicarían a Urquijo como autor y a los extesoreros y exgerentes del partido Luis Bárcenas, Cristóbal Páez y Álvaro Lapuerta como cooperadores.
A juicio del magistrado, "la actividad presuntamente delictiva investigada puede calificarse de grave" y por ello el requerimiento de información o, subsidiariamente, el registro de la sede era apropiado. En el auto, el juez afirma que la petición de información comprendía también que se aportaran los archivos informáticos o correos electrónicos que obrasen en los ordenadores de la sede relacionados con los hechos investigados y los imputados en el caso, "en particular respecto de quienes ostentaron las responsabilidades en las áreas de tesorería y gerencia durante el periodo temporal objeto de investigación: Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez.