El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar al exconsejero madrileño Francisco Granados, al ex senador del PP David Erguido y a otras 14 personas en el marco del caso Púnica, concretamente en la pieza relativa a las supuestas adjudicaciones irregulares de contratos públicos a Waiter Music y otras sociedades del empresario José Luis Huerta.
El magistrado cierra así la fase de instrucción sobre la pieza número 7 de esta causa, que investiga el pago de comisiones ilegales a cambio a cambio de contratos para fiestas municipales. A su vez, archiva la investigación para más de 30 personas que estaban imputadas en este procedimiento.
La investigación se ha centrado en las adjudicación presuntamente irregular de contratos públicos a las empresas de Huerta, ya fallecido, para la organización de fiestas populares en varios municipios madrileños.
Según consta en el auto, al que ha tenido acceso laSexta, los hechos podrían ser constitutivos de prevaricación y fraude en la contratación, ya que "existió acuerdo previo para defraudar las arcas municipales en beneficio político de sus gestores, a través de las adjudicaciones de fiestas sobre dimensionadas".
Considera el juez que, sin el apoyo y la colaboración "desde atrás" de Granados, Huerta "no habría tenido el acceso que tuvo a la contratación fiel" con los Ayuntamientos de Valdemoro y Ciempozuelos, "lo que se tradujo, entre otras cosas, a abonar 'regalos'".
Además de a Granados, también se procesa a su sucesor en la alcaldía de Valdemoro, José Miguel Moreno; así como a otros exregidores de localidades como Ciempozuelos (María Ángeles Herrera); Algete (Inmaculada Juárez) o Móstoles (Esteban Parro) y a antiguos miembros de equipos municipales.
Por otra parte, el escrito judicial apunta que la posición de Granados dentro del Ejecutivo autonómico "le permitía tener una posición de prevalencia y superioridad, bien directa, bien por influencias, en otras autoridades y funcionarios públicos que habría utilizado para favorecer al citado empresario ante posibles contrataciones que dependían de la comunidad autónoma. Por ello le procesa también como presunto autor de un delito de tráfico de influencias e inductor de prevaricación.
Precisamente este jueves, el juez Manuel García-Castellón ha acordado prorrogar tres meses la instrucción de otra pieza de la trama Púnica a petición de la Fiscalía Anticorrupción, esta relativa a la financiación irregular del PP de Madrid y en la que están imputados los expresidentes autonómicos Esperanza Aguirre e Ignacio González.