El juez Peinado afirma que los policías que custodian a Begoña Gómez podrían ayudarla a fugarse: "No cabe duda"

El juez Juan Carlos Peinado suma una nueva polémica más a la causa que dirige contra Begoña Gómez. El magistrado ha decidido abrir juicio oral contra la mujer del presidente del Gobierno y ha ordenado la retirada de su pasaporte, pero lo ha hecho con una argumentación en la que asegura que "no cabe duda" de que los agentes que la custodian podrían colaborar en su fuga.

"Se alega, por el letrado de la acusada, María Begoña Gómez Fernández, que al ser una persona, que dada su condición de esposa del actual Presidente Del Gobierno, ello implica que en todo momento se encuentre acompañada, y custodiada, por agentes o miembros de los Cuerpos de Seguridad Del Estado, pero lo que no cabe duda, es que, esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia", señala el escrito al que ha tenido acceso laSexta.

Una argumentación que ha generado la indignación del Gobierno, desde donde no dan crédito a la acusación que realiza el magistrado contra la Policía.

Ahora bien, esta decisión también contrasta con la que el juez José Luis Calama ha tomado esta misma semana con José Luis Rodríguez Zapatero. En su caso, denegó la retirada del pasaporte al expresidente porque el investigado "es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento".

"Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual. Tampoco se aprecia riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba, pues los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar. En este contexto, la imposición de comparecencias apud acta o la retención del pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional no resulta necesaria, al no existir un riesgo procesal que requiera ser conjurado mediante tales medidas. Su adopción supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad", argumentaba Calama.

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