El juez instructor del caso Son Espases, José Castro, ha requerido a la Agencia Tributaria que le remita cuanta información disponga de la empresa que fue contratada para reformar la sede del PP nacional, Unifica, así como las actas levantadas e informes que, en su caso, apunten a la posible comisión de un delito contra la Hacienda pública por parte de la mercantil.

Mediante una providencia, el magistrado ha solicitado asimismo al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que le aporte copia de la facturación presentada en su día por Unifica, que centró el foco de las investigaciones en torno a la presunta financiación del PP a través de cajas 'B' entre 1990 y 2008.

Precisamente, Castro incorporó recientemente a la causa el auto con el que el juez José de la Mata abrió juicio oral contra los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Alvaro Lapuerta, el exgerente Cristóbal Paéz y los socios del estudio de arquitectura Unifica, al considerar que la formación 'popular' se habría nutrido de donativos ajenos a la contabilidad oficial con el fin de pagar, entre otros, gastos generados en campañas electorales, retribuciones y complementos de sueldo.

Es más, la resolución apuntaba a que el dinero opaco se empleó en el pago de distintos servicios y gastos en beneficio del PP como la realización de las obras de su sede central, en la que se abonaron 1,5 millones de euros en negro.

Castro ya requirió a la formación que presentara la documentación acreditativa de los pagos de las obras de remodelación llevadas a cabo entre los años 2002 y 2010, de cara a esclarecer si fueron financiadas de forma irregular así como su posible conexión con la adjudicación de Son Espases.

El partido entregó facturas que ascienden a un total de 237.000 euros, si bien aseveró que no consta en sus archivos documentación que permita conocer cuáles fueron las empresas subcontratadas por los contratistas principales de la reforma.