El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, recuerda en el auto que no es competente para encausar a Camps y Barberá por ser ambos aforados por su condición de diputados de las Corts Valencianes.

En concreto, Castro eleva al TSJ de Valencia una exposición razonada proponiendo que asuma la competencia para instruir y decidir acerca de los hechos relativos a tres cumbres Valencia Summit y al proyecto de los Juegos Europeos, por si se pudiera advertir alguna responsabilidad penal para dichas personas aforadas.

Castro propone que la narración de los hechos que realizó cuando impuso en enero una fianza de 8.189.448 euros a los dos principales imputados, Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, sea reproducida y utilizada en lo que pueda afectar a los dos aforados, Camps y Barberá. El juez recuerda en el auto notificado que en su resolución de enero ya hacía referencia a "indicios racionales de que en la ciudad de Valencia había tenido lugar una serie de hechos de apariencia delictiva".

Además, el juez Castro señaló en su resolución de enero que en los convenios firmados por Nóos y las administraciones balear y valenciana, figuran contratos amañados, facturas cruzadas y otras "transgresiones palmarias de la legalidad".

Se prescindió "olímpicamente de tramitar absolutamente ningún concurso público ni negociado"

Detalló que en esos convenios se prescindió "olímpicamente de tramitar absolutamente ningún concurso público ni negociado", se los vistió de "ropaje jurídico" y se justificó su concesión a Nóos "en exclusiva atención" a que al frente de la entidad estaba "el yerno del rey".

Del Valencia Summit se celebraron tres ediciones en la capital levantina en 2004, 2005 y 2006, que supusieron un coste para las arcas públicas de 3.132.000 euros, mediante convenios entre el Instituto Nóos, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau.

En cuanto a los Juegos Europeos, que no llegaron a celebrarse, el Ejecutivo valenciano pagó 382.203 euros al Instituto Nóos en diciembre de 2005, a través de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana.

Camps y Barberá han sido señalados por algunos encausados como los responsables últimos de las negociaciones que condujeron a la celebración en Valencia de los tres foros deportivos que la Fiscalía Anticorrupción considera que fueron una fuente de malversación de fondos públicos.

Diego Torres declaró que Urdangarin y él se habían reunido con Camps y Barberá en 2004

En su última declaración ante el magistrado instructor el pasado febrero, Diego Torres declaró que Urdangarin y él se habían reunido con Camps y Barberá en 2004 en el Palacio de la Zarzuela para hablar sobre la celebración del primero de estos foros Valencia Summit.

Además, Torres entregó al juez un escrito la semana pasada en el que explicaba detalles de dicha reunión y aseguraba que, aunque no lo podía precisar con seguridad, la fecha más probable del encuentro era el 29 de enero de 2004. Por su parte, Urdangarin admitió ante el juez que esa reunión con el expresidente y la alcaldesa se produjo, pero negó que fuera en Zarzuela.

Urdangarin reconoció que los trabajos del Instituto Nóos para preparar la primera edición de la Valencia Summit comenzaron antes de que la entidad firmara el convenio con la Generalitat para organizar dicho evento.

Admitió que el acuerdo para organizarla debió ser de forma verbal y con cierta antelación, ya que el convenio para organizar la cumbre se firmó el 8 de septiembre de 2004 y la Valencia Summit tuvo lugar el 24 de octubre, un margen "muy apretado".