El juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Cádiz ha admitido las medidas cautelarísimas solicitadas por la Asociación Española de Abogados Cristianos por las que obliga al Ayuntamiento de Cádiz a retirar la bandera LGTBi colgada en uno de los mástiles de la fachada principal de su edificio.
En su auto, el juez asegura que "no existen dudas en razón a la doctrina del Tribunal Supremo sobre la materia" y argumenta que "no es la bandera oficial, por lo que no puede atribuírsele la representatividad de todo un pueblo o nación".
Abogados Cristianos ha presentado además una querella por prevaricación contra José María González 'Kichi'. Por otra parte, la organización de juristas también se ha querellado contra el presidente de la Diputación de Valladolid, el 'popular' Conrado Íscar, también por colgar la bandera arco iris de la fachada del Ayuntamiento.
Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, aseguraba que "una sentencia reciente del Supremo prohíbe la utilización de banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos", e insistía en que "se trata del mismo caso que con las banderas independentistas": "No se puede permitir que una administración coloque una bandera que sólo representa a una parte de la ciudadanía".