La Asociación Española de Abogados Cristianos se ha querellado contra el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi' por "prevaricación" después de que éste colgara de la fachada del Ayuntamiento la bandera LGTBI.

La organización de juristas también se ha querellado contra el presidente de la Diputación de Valladolid, el 'popular' Conrado Íscar, por la misma acción. Además, ha solicitado medidas cautelarísimas para "obligar a las dos administraciones a retirar dicha bandera a la mayor brevedad posible".

Polonia Castellanos, presidenta de la asociación, ha asegurado que "una sentencia reciente del Supremo prohíbe la utilización de banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos", y ha insistido en que "se trata del mismo caso que con las banderas independentistas": "No se puede permitir que una administración coloque una bandera que sólo representa a una parte de la ciudadanía".

El alcade de la ciudad colgó la bandera LGTBI el pasado 22 de junio, y así lo ilustró a través de Twitter.

 

En este sentido, Castellanos ha insistido en que "los responsables de las administraciones públicas que incumplen a sabiendas la ley sean inhabilitados" y ha criticado que "muchos políticos hagan con la bandera arco iris lo que ellos mismos criticaban con las esteladas en Cataluña o las ikurriñas en Navarra". "Las banderas no oficiales no deben estar en los edificios públicos y así lo acaba de sentenciar claramente el Tribunal Supremo", ha zanjado.

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo STS 1163/2020 fija como doctrina que "no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas".