Novedades en la investigación de la 'operación Kitchen'. laSexta ha accedido a la declaración ante el juez Manuel García Castellón del inspector de Policía Manuel Morocho, en la que denuncia presiones para apartarle de la investigación al PP por la trama de la 'caja B'.

De hecho, Morocho llega a decir que se le "conminó" a omitir el nombre del expresidente popular Mariano Rajoy en su primer informe. "Se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsable político y, concretamente, se me expresó el nombre de Mariano Rajoy. No querían que apareciera", asegura.

"No me dejaron que se pusieran los nombres. Todas aquellas personas que aparecían como beneficiarias de fondos de la caja B", ha afirmado Morocho, que no obstante ha señalado que el juez que por entonces instruía la causa, Pablo Ruz, "tenía conocimiento subrepticio" de aquello que no podía incorporar al informe, ya que él mismo se lo indicó: "Esto es lo que me han obligado a quitar", afirma que le dijo.

Morocho también sostiene que le conminaron expresamente a que eliminara cualquier tipo de relación que pudiera ver entre las adjudicaciones de obra pública y la 'caja B' del Partido Popular: "[Me pidieron] que siguiera la dinámica que el PP estaba siguiendo ante la opinión pública: que esos documentos eran inveraces, que la única contabilidad que había era la del Tribunal de Cuentas; que no afectaban los documentos al PP".

"Fui compelido a eliminar aquellos elementos que metodológicamente pudieran relacionar las adjudicaciones de obra pública con las personas que eran donantes", sigue detallando, y añade: "Fui compelido a quitar de los informes de Unifica aquellos elementos que vinculaban salidas de caja 'B' con pago de certificaciones". Esto es, en lo relativo a las donaciones que iban a parar a la otra contabilidad del partido, que borrara quiénes eran los donantes e, incluso, los sobresueldos que -según los documentos que manejaban Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta- habrían recibido varios dirigentes del PP.

"Se trató de que no estableciera vinculación entre los pagos a responsables políticos o cargos públicos del PP y salidas de fondos anotados en las cantidades que aparecían en esa contabilidad. Aspectos que tuvimos que limar", precisa el inspector, que insiste en que "había intención de quitar nombres".

Preguntado acerca de quién sugirió que no aparecieran nombres del PP en el informe, Morocho responde que "toda la cadena de mandos". "Las reuniones eran colectivas y en ellas se me conmina a a que cambiara, quitara", reitera el declarante, ante lo que el magistrado Castellón reconoce que, con su testimonio, Morocho pinta "un panorama desolador".

Presiones para apartarle de la investigación

Por otra parte, Morocho afirma de forma contundente que dirigentes del PP y del Ministerio del Interior querían apartarle de la investigación -"quitarme de en medio", dice- y que, para ello, le ofrecieron diferentes cargos. "Me ofrecieron incluso irme a trabajar al Comité de Lucha contra la Impunidad de Guatemala", relata.

Asimismo, relata una reunión que mantuvo con José Luis Olivera, exjefe de la UDEF, en la que le ofrecieron un puesto en la Embajada en Lisboa yque estuvo presente durante una llamada con el ministro Jorge Fernández Díaz: "Me dice que tiene que designar una persona en el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en Materia de Drogas (MAOC-N) como oficial de enlace, y que no quería al que había nombrado Cosidó. Eran 6.000 euros al mes, más o menos". Cuando rechazó la propuesta -afirma- "se contraría": "Ya empieza a preguntarme adónde quiero irme y recibe una llamada telefónica. 'Hola, ministro. Buenas tardes', dice. Su respuesta fue: 'Estoy con él'".

"Pretendían que yo no hiciera nada más. Entendían que si me ofrecían un regalo con una embajada, un puesto bien remunerado, yo lo iba a coger para que perdiera la credibilidad, mi integridad, mi dignidad tanto con el procedimiento como con el grupo de investigación", denuncia Morocho ante el juez García Castellón, en una declaración en la que sostiene que el intento por trasladarle a Lisboa "no es anecdótico". "Como no me presté, la presión se dobló", afirma, indicando que también le ofrecieron cargos en Viena o la ONU.

Precisamente, tras la declaración de Morocho, el juez García Castellón ha imputado a Olivera, que tendrá que declarar como investigado el próximo 28 de junio.

El papel de Bárcenas

Por otra parte, Morocho asegura que la figura del extesorero del PP, que aparece prácticamente desde el principio, ya fue un elemento que creó tensiones en la investigación: "Vimos que cambiaría el rumbo y generaría tensiones a nuestros jefes y a nosotros mismos porque había unas exigencias elevadas". "Cuando se cita a Rosalía Iglesias, Bárcenas denuncia. Ahí empieza la cascada de denuncias contra mi persona. Entonces, las personas que comandaban la Comisaría General en 2012 son cesadas, se pone un nuevo comisario general, nuevo jefe de unidad... eso nos lleva a situación de inestabilidad", relata.

Al mismo tiempo, recuerda que "Cosidó era responsable de comisión asuntos interiores del Congreso" y realizó "manifestaciones atacando investigación e investigadores de Gürtel". Y remarca que "su después asesor hacía llegar que, una vez que ellos llegaran al poder, la coyuntura iba a cambiar radicalmente". En este sentido, ha precisado: "Yo me he opuesto. Eso me ha ocasionado un conjunto de actuaciones de las que actualmente se siguen produciendo desgraciadamente, no a mí, que yo no importo, sino a los funcionarios que trabajan conmigo". En este punto, el juez pone en valor que el inspector ha sido "muy importante" en la investigación de la Gürtel.

La 'Kitchen' logró su objetivo

Estos audios se conocen el mismo día en que la Fiscalía ha afirmado que la 'operación Kitchen' cumplió su cometido:destruir todo lo que era comprometedor. Así se recoge en un informe de Anticorrupción incluido en el sumario al que ha accedido laSexta, y que recoge que hay indicios de que esta trama logró sus objetivos, porque los mandos policiales ahora imputados consiguieron los documentos que atesoraba Bárcenas. Una operación en la que también cabe destacar el papel del chófer del extesorero, Sergio Ríos.

Según se apunta en el sumario, a este hombre, supuestamente encargado de realizar el espionaje a Bárcenas, se le incautaron hasta nueve teléfonos distintos. Cinco de ellos habrían sido aportados por el comisario José Manuel Villarejo para que Ríos realizara esas labores de rastreo con las que finalmente habrían logrado acceder a material sensible supuestamente de la 'caja B'. Papeles que la familia Bárcenas mantenía escondidos en un zulo oculto en el barrio de Salamanca, en Madrid.