También ha levantado el secreto de las actuaciones en la parte que deberá investigar el TSJC y que engloba los delitos de soborno y, eventualmente, prevaricación; la parte que afecta al blanqueo de capitales -que sigue secreta- se seguirá instruyendo en la Audiencia Nacional.
El TSJC también se ha declarado competente para seguir investigando esta causa conocida como 'Operación Clotilde', pues Crespo es aforado, y ha designado a la magistrada Maria Eugènia Alegret como instructora de las diligencias.
Así lo ha decidido después de haber recibido de la Audiencia Nacional una exposición razonada en la que ve indicios de que Crespo recibió como alcalde varios regalos procedentes de la sociedad Development Diagnostic Company SL (DDC), administrada por el también imputado Andrei Petrov.
Entre ellos se encuentra un viaje privado a Rusia en febrero de 2008 junto a su mujer y su hijo, la mejora de las condiciones económicas de un viaje oficial al mismo país en marzo de 2010 y un reloj de marca Zenith regalado por su cumpleaños valorado en 3.000 euros.
La Audiencia Nacional ve indicios de que estos regalos fueron realizados dada su condición de alcalde y "para conseguir un trato de favor en la realización de las obras de construcción y proyectos inmobiliarios".
Concretamente, en las obras del centro comercial Els Braus (antigua plaza de toros) y en los terrenos del hotel Blanca Aurora buscaban un trato de favor en la bonificación de impuestos, cambio de usos y "tolerancia" en la ejecución de las obras.
Con el mismo objetivo, a instancias de Crespo y del concejal de Urbanismo que ha dejado su cargo temporalmente tras ser detenido, Josep Valls, Petrov patrocinó sin contrato escrito durante tres años al Club de Hockey de Lloret del que era presidente Joan Perarnau y vicepresidenta la esposa del alcalde; también patrocinó al Club de Fútbol Lloret de Mar dirigido por Valls.
Petrov y los también rusos Konstantin Mishchchanin y Jessica H. entregaron entre 2007 y 2010 a Perarnau 270.000 euros para el patrocinio de los dos clubes, según sostiene la Audiencia Nacional.
El juez atribuye a Perarnau y a Valls el presunto delito de cohecho pasivo; en el caso de Andrei Petrov, Pilar Gimeno, Konstantin Mishchanin y Jessica H, cohecho pasivo y también a Valls el de prevaricación por su condición de concejal de Lloret.
Sin embargo, al no haber indicios de la participación de Crespo en cuanto a un delito de blanqueo de capitales que se atribuye a la trama rusa, la Audiencia Nacional continuará investigando este asunto.