Así consta en el informe que han entregado los investigadores en la Audiencia Nacional. En este documento incluyen una grabación realizada el día 27 de septiembre a las 16:11 horas de una conversación entre Francesc Sutrias, director del Patrimonio -cargo dependiente de la estructura política del departamento de la vicepresidencia de Economía y Hacienda-, y el que fuera consejero de Cultura, a propuesta de ERC, en el Gobierno de José Montilla, Joan Manuel Tresserras Gaju.

Este último también fue consejero de la Corporación Catalana de Radio y Televisión y presidente de la Mesa por la Diversidad Audiovisual de Cataluña entre 2005 y 2006. Durante la conversación hablan de cómo se va a interpretar la jornada de votación del 1 de octubre y de la estrategia que tienen que seguir en la presentación de resultados.

En este contexto, Joan Manuel Tresserras le dice que "no se puede hacer un discurso triunfalista que no tenga suficiente justificación" y que "tienen que aparecer delante del mundo diciendo que son gente seria: queríamos hacer esto y no nos han dejado y a partir de ahí ver qué interpretación se puede hacer".

Tresserras prosigue con su planteamiento y afirma que "si se puede decir que han participado 3 millones de personas sería imparable". Pero precisa que "si van 2 millones se tiene que sofisticar más y decir que habrían sido 3 pero lo han impedido, nos han boicoteado.

El exconsejero de Cultura insiste en que tras la votación del 1 de octubre se tienen que decir "cosas de este tipo". "El domingo por la noche se tiene que afinar bastante", remata. La Generalitat anunció tras el referéndum ilegal que habían votado 2.286.217 personas (el 43,03 por ciento del censo), pero alegaron que no se habían podido abrir 400 escuelas, con un censo de 770.000 personas. La suma de ambas cifras supera ligeramente los 3 millones.

Acto seguido, Fracesc Sutrias -que depende de Josep María Jove, el secretario de la vicepresidencia que tenía en su casa la hoja de ruta para lograr la independencia- le dice a su interlocutor que "convocar elecciones sería un error" y Joan Manel le responde que "de entrada sí, pero a la larga se tendrán que convocar".

Pero en opinión de Sutrias, "se abriría otro frente de desestabilización interna que solamente favorecería al Estado". Cree que si se presentan a esas elecciones con un "programa determinado", el Gobierno "es capaz" de aplicar el 155 de una manera abierta y "suspender las elecciones". Por eso dice que él "mantendría la estabilidad del Gobierno hasta tener claro qué hacer", porque no cree que el día 2, pase lo que pase, "apliquen el 155 contra la Generalitat". Sutrias concluye esa conversación diciendo que si el referéndum tiene una "magnitud mínima habrán perdido evidentemente".

El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, puso ayer el acento en el hecho de que la Generalitat tenía "escritos los resultados de antemano", durante su intervención en el Parlamento para explicar las medidas que va a adoptar a raíz de la declaración que realizó ayer Carles Puigdemont, en la que afirmaba que asumía el mandato del pueblo de declarar la independencia de Cataluña pero que lo dejaba en suspenso para dialogar.

De hecho, la Guardia Civil está convencida de que la Generalitat no dispuso de ningún medio para llevar a cabo el recuento y la verificación que pudiera legitimar los resultados del referéndum ilegal del 1 de octubre después de la "actividad frenética" que los agentes de la Benemérita desplegaron durante 48 horas, desde el sábado al domingo.

"No ha existido ningún tipo de recuento ni de verificación que legitime los resultados del mal llamado referéndum", explicaron el pasado lunes fuentes conocedoras del dispositivo policial. Una explicación que realizaron a raíz de que el Gobierno catalán remitiera, el viernes de la semana pasada, a los medios de comunicación, el archivo PDF con el recuento definitivo del referéndum. En paralelo enviaron ese mismo documento al Parlamento regional, al objeto de que esta Cámara convocara el pleno donde el martes Puigdemont asumió el resultado del 1-O a favor de la independencia, aunque dejando en suspensión sus efectos.

Los expertos informáticos de la Guardia Civil llaman la atención sobre el hecho de que desde el 1-O nadie ajeno a la Generalitat haya podido consultar los datos oficiales. Recuerdan, además, que "consiguieron monitorizar e inhabilitar todos los planes de la Generalitat" en cumplimiento con lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Los agentes neutralizaron la que iba a ser la sala de recuentos del 1-O en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) y el Centro de Seguridad de la Información de la Generalitat de Cataluña (CESICAT) el sábado 30 de septiembre, apenas 24 horas antes de que se abrieran los colegios desafiando las órdenes judiciales.

La prioridad de los agentes de la Unidad Tecnológica fue bloquear 29 aplicaciones y bases de datos diferentes gestionadas desde el CTTI que "pudieran ser susceptibles de utilizarse en un proceso electoral como el que nos ocupa", según explicó en un auto la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas.

Este martes, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha reprochado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que la Generalitat de Cataluña utilice el "referéndum paripé" del 1 de octubre como "pretexto" para considerar que existe un mandato popular que respalda la independencia.

"No ha habido referéndum ni por el sujeto, ni por la forma ni por su objeto; no lo hubo en su desarrollo, escrutinio y control", ha defendido. Zoido ha recordado la resolución en este sentido de la Junta Electoral Central. "No ha habido referéndum, ha sido un paripé y lo están utilizando como excusa y pretexto", ha sostenido. "Carece de todo valor", ha subrayado.