El Gobierno ha vetado la tramitación en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley de Unidos Podemos para impedir la utilización de la técnica de fracturación hidráulica o fracking como técnica de investigación y extracción de hidrocarburos, porque supondría un aumento de gasto de más de 100 millones de euros, sobre todo por compensaciones a las empresas.
Con este escrito son ya 29 las iniciativas legislativas de la oposición y de parlamentos autonómicos que el Gobierno del PP lleva vetadas en lo que va de legislatura, acogiéndose al precepto constitucional que le permite negar la conformidad a propuestas que supongan alteración de los presupuestos en curso, sea por merma de ingresos o por aumento de gasto.
Concretamente, el documento presentado por el Ejecutivo, se argumenta que la aprobación de esta proposición de ley podría producir un aumento de los créditos debido a la "potencial exigencia de responsabilidad patrimonial por parte de los titulares actuales de permisos de investigación de hidrocarburos".
Según apunta, estos permisos son títulos demaniales que habilitan a su titular para investigar la existencia de hidrocarburos en el subsuelo de la superficie otorgada y les reconoce el derecho a solicitar concesiones de explotación en caso de resultados favorables. Estas empresas titulares arriesgan su inversión en la legítima expectativa de un beneficio económico en caso de encontrarse hidrocarburos.
"En la medida en que se impida continuar con los trabajos de investigación, el titular se encontrará en la imposibilidad de rentabilizar su inversión por lo que podría solicitar de la Administración una responsabilidad patrimonial por un importe equivalente, al menos, a la inversión acometida hasta el momento", advierte el Ejecutivo.
Y según calcula, la inversión comprometida en los permisos de investigación de hidrocarburos de titularidad estatal donde se prevé la utilización de fracking asciende a más de 100 millones de euros.
Este argumento no ha convencido a la formación ecologista Equo, integrante del grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, quien ha señalado que su ley no prohíbe explotar los recursos, sino "hacerlo con una técnica determinada que en ningún momento se especifica en los permisos de investigación concedidos".