El Gobierno responde a la orden del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) para que el Ministerio de Sanidad dé a conocer los nombres del comité de expertos al que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como encargado de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia de coronavirus.
"Cualquier solicitud que entra por el portal de transparencia, este gobierno lo tramita, pero creo que desde esta mesa yo misma he hecho menciones a que el Consejo de Ministros y el Ministerio de Sanidad atienden a las recomendaciones del personal experto, que esta desarrollando su tarea y cuenta con todas las competencias (...) Estamos haciendo la tramitación del expediente, y si ha entrado por la vía del portal de transparencia, estamos en condiciones de responder en tiempo y forma", ha apuntado Montero.
Según informan a laSexta, en Moncloa están analizando la resolución para ver qué respuesta dan. Pero la califican de "aberración". Insisten en que los expertos son funcionarios públicos "a los que se quiere colocar en el disparadero". La disposición obliga al Gobierno a facilitar la información requerida. Cabe recurso ante los juzgados centrales de la Audiencia Nacional y luego ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Una vez que sea firme, el Gobierno tendrá que facilitar la información
Transparencia, sin embargo, al pedir que se conozcan los nombres del comité, cree que no se vulnera el derecho a la protección de datos y que además favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en "decisiones relevantes".
El CTBG se ha posicionado así a favor de un abogado que el mismo 6 de mayo en el que Simón se negó en rueda de prensa a hacer pública la composición del comité de expertos pidió al Ministerio de Sanidad que le informara sobre el número de personas que lo integraban y que las identificara con nombres y apellidos.
Aunque el Consejo de Transparencia ha dado un plazo de diez días al Ministerio de Sanidad para que remita al abogado esta información, el Ministerio puede recurrir durante los dos meses siguientes ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid.
La Dirección General de Salud Pública, en su defensa para no dar dicha información, afirmaba que al hacerse públicos los nombres, apellidos y el número de los expertos de la gestión de la pandemia podría atentar contra el derecho a la protección de datos personales. Un argumento que el CTBG ha desechado
"No solamente no atenta contra los datos personales de los afectados, sino que contribuye al control de la actividad pública y a que los ciudadanos conozcan el proceso de toma de decisiones relevantes en materia de salid pública, máxime en situaciones extraordinarias, como la producida por la pandemia de COVID19", ha sostenido el Consejo de Transparencia en su resolución.