El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, considera que el bloqueo de las instalaciones del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat por la Guardia Civil supone un "golpe asestado a la organización del referéndum ilegal" y su anulación por el Estado de Derecho.

Esta actuación, como todas las actuaciones que se están desarrollando, se hacen en el marco estricto de la ley y por orden judicial", señaló el ministro y portavoz del Gobierno.

Méndez de Vigo ha subrayado que el Ejecutivo está siguiendo con detalle los acontecimientos en Cataluña la víspera del 1 de octubre y que la actuación de la Guardia Civil es un paso más para evitar las aspiraciones de los independentistas.

A todas la carencias de legalidad de esta consulta, Méndez de Vigo ha sumadO el hecho de que, a diferencia de las 35 consultas electorales que ha habido en Cataluña desde 1977, en la teórica jornada de reflexión estén haciendo campaña a favor del referéndum diversos dirigentes independentistas.

Respecto a la intervención en el CTTI, el ministro ha explicado que de esta forma se ha evitado que se pueda utilizar el voto telemático o el recuento de los votos. Ha precisado que esta intervención, como ha asegurado que ocurre con todas las que se están llevado a cabo, se ha realizado en el marco de estricto de la ley y por orden judicial. "Con esta actuación queda de relieve algo que venimos diciendo hace mucho tiempo, que este referéndum ilegal convocado por la Generalitat, ya ha sido anulado por el Estado de derecho", ha recalcado.

Méndez de Vigo ha recordado que la consulta no tiene ningún apoyo internacional, ni Sindicatura Electoral, ni papeletas oficiales, ni censo, ni constitución de las mesas. Por tanto, ha asegurado que el Gobierno afronta la jornada de mañana con "serenidad y tranquilidad".

Respecto a las concentraciones que se están sucediendo hoy en diversos ayuntamientos de todo el país en contra del referéndum y en favor de la unidad de España, el portavoz del Gobierno ha dicho que el Ejecutivo respeta siempre la libertad de expresión, reunión y manifestación de todos. "España es una democracia madura, avanzada y la gente expresa sus sentimientos, preocupaciones, deseos y anhelos", ha añadido.