La presidenta del tribunal, Dominique Piot, ha justificado lo "elevado" de la sentencia por la "peligrosidad" de Acarregui y por el hecho de que, pese a haber cumplido una pena en España de cuatro años por su pertenencia a ETA, desde su puesta en libertad "volvió a la clandestinidad" y "perseveró" en su activismo en la organización terrorista.
Piot ha señalado que la condena, derivada de la culpabilidad para la totalidad de la quincena de cargos de los que estaba acusado, va acompañada de la expulsión definitiva del país, de forma que "tendrá prohibido poner el pie en territorio francés". Acarregui se ha negado a declarar durante la vista y tan solo ha dicho que tiene "nacionalidad vasca" y que es "militante de ETA".
El fiscal ha señalado que, tras salir de la cárcel en España en julio de 2008, el encausado "optó por integrar la estructura más importante y la más peligrosa de la organización terrorista": el aparato militar.
Además, ha recordado que la logística del aparato militar es la que se encarga del transporte de material, de la confección de explosivos y de los zulos y que, durante los alrededor de siete meses que Acarregui estuvo con esas ocupaciones, en España se cometieron "numerosos atentados", varios de ellos mortales.
La policía española lo tenía fichado desde 1993-1994 por participar en actos de violencia callejera en Bilbao. Unos años después se le vinculaba a actos de colaboración con la acción de los comandos, en particular con la provisión de coches.
Precisamente su condena por la Audiencia Nacional en diciembre de 2004, tras haber sido detenido en el aeropuerto de Amsterdam el año antes, tuvo que ver con el alquiler de un coche en el que murieron el 23 de septiembre de 2002 los etarras Hodei Garralaga y Egoitz Gurruchaga cuando transportaban un artefacto explosivo por las calles de Bilbao.