La Fiscalía ha abierto una investigación sobre el aval presentado por los exdirigentes del Govern para hacer frente a las fianzas resultantes de los gastos exteriores del procés, juzgados por el Tribunal de Cuentas.
En un decreto firmado por el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, se admite la denuncia de Ciudadanos y se ordena investigar el aval del Institut Català de Finances (ICF). No obstante, en esta investigación solo entran los 34 políticos que antaño fueran antiguos cargos de la Generalitat, entre los que figuran Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. La causa ya ha sido enviada a la Fiscalía de Barcelona.
En cambio, este hecho no repercute a los mandatarios actuales, de tal forma que el president, Pere Aragonès, así como el conseller de Economía, Jaume Giró, y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà se libran del proceso por su aforamiento. Asimismo, ya se presentó una querella contra ellos ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Concretamente, el ente encargado de materializarla fue la plataforma Convivencia Cívica. Sin embargo, desde el TSJC explican que aún no está registrada ni admitida a trámite.
Ahora, más allá de esta investigación, que ya esta cargo de la Fiscalía de Barcelona, y de la querella presentada ante el TSJC, el propio Tribunal de Cuentas ya solicitó este martes un informe ante las dudas existentes sobre la legalidad de los avales presentados por el IFC.
Ante esto, cabe recordar que tres miembros de esta entidad dimitieron antes de materializar dicho aval. Estos fueron Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger, que finalmente no formaron parte de una votación muy dividida que, además, precisó del voto de calidad del presidente de la junta de gobierno, Albert Castellanos.