La Fiscalía Europea pregunta al Supremo si en la causa contra Cerdán investiga contratos financiados con fondos europeos

La Fiscalía Europea ha pedido al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que le informe "sin dilación" sobre el objeto de la investigación que sigue en el marco de la causa que instruye contra los exdirigentes socialistas Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García para determinar si se han visto afectados fondos europeos, en cuyo caso sería la competente para asumir la instrucción.

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la Fiscalía europea pide que se identifiquen "los contratos, adjudicaciones o subvenciones actualmente investigados" en la pieza que se sigue en el Supremo.

De momento, la Fiscalía europea solo realiza una solicitud de información. No ejerce el derecho de avocación con el que lograría quedarse la instrucción del procedimiento. Si lo hiciera, Puente debería abstenerse y aceptarlo o plantear un conflicto de competencia que resolverían sus compañeros de la Sala Segunda del Supremo.

De ser así, supondría atomizar aún más el denominado 'caso Koldo', que ya se investiga en dos tribunales y en distintas piezas. Estalló en febrero de 2024 con las entradas y registros en casa de Koldo y otros investigados, en el marco de unas pesquisas dirigidas por la Audiencia Nacional (AN) que entonces se centraban en la adjudicación a una empresa relacionada con el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, de contratos de material sanitario en plena pandemia.

Desde entonces, el caso ha evolucionado hasta el punto de que en noviembre de 2024 el Supremo abrió causa a Ábalos, por su presunta implicación en esos hechos y su condición de aforado al ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados, si bien ya por el Grupo Mixto.

A lo largo de estos meses, el Supremo se ha ocupado también de investigar a Koldo y De Aldama, únicamente en lo tocante a Ábalos, y ha indagado en otros hechos, como la presunta contratación irregular de Jésica Rodríguez, ex pareja del ex ministro, en dos empresas públicas -Tragsatec e Ineco- sin que realmente trabajara pero sí cobrara, aunque esto último lo ha derivado a la Audiencia Nacional.

El Supremo amplió las pesquisas el pasado junio, después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelara una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública y señalara a Cerdán por su "papel principal", provocando su ingreso en prisión provisional el 30 de junio por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

Ante la creciente complejidad del caso, Puente decidió recientemente desgajar la investigación que dirige en el alto tribunal, para abrir una línea dedicada exclusivamente a los presuntos amaños de obra. En la resolución donde lo acordó, explicó que respecto a los demás hechos las pesquisas están muy avanzadas, previendo que podrían llegar a término en breve, pero que en lo relativo a la adjudicación de obra están en fase embrionaria.