El Fiscal General insiste en su inocencia y cuestiona la instrucción del juez Hurtado sobre la presunta filtración

Día histórico en el Tribunal Supremo que por primera vez veía a un Fiscal General sentado en el banquillo de los acusados. Álvaro García Ortiz llegaba al Supremo poco antes de las 10 de la mañana entre aplausos y gritos de ánimo. Con gesto serio y sin hacer declaraciones se enfrentaba a un día clave en su carrera judicial.

Dentro de la sala, el Fiscal General se enfundaba su toga para sentarse en el banquillo acusado de un delito de revelación de secretos por el que se piden entre 4 y 6 años de cárcel. Un presunto delito que ha vuelto a negar rotundamente.

"¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?", le preguntaba el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta. "No", respondía con contundencia García Ortiz.

A su lado cuatro personas que apoyan su inocencia. Dos abogados del Estado como defensa y otros dos fiscales que han acusado al juez Hurtado de ser imparcial. Precisamente esa ha sido la estrategia de defensa en la que han coincidido tanto Fiscalía como Abogacía del Estado. Ambas han manifestado sus dudas sobre la imparcialidad de la instrucción del juez Hurtado. Una imparcialidad que habría derivado en una instrucción más que cuestionable.

"La investigación tuvo una naturaleza inquisitiva y un carácter eminentemente prospectivo", ha llegado a afirmar en la sala Consuelo Castro, abogada del Álvaro García Ortiz. Y así ha enumerado varias vulneraciones por las que a su juicio se debería anular la causa.

En una dura intervención, Castro ha denunciado que el juez Ángel Hurtado inició las pesquisas "con la idea preconcebida de que el investigado era culpable" y, con un "constante vaivén" en su actuación, buscó pruebas "incriminatorias" y "prejuiciosas" en su contra que, incluso, "hicieran aflorar otras conductas delictivas" de las que no hay indicios, como que el fiscal general respondía a "consignas políticas".

Ha sido, según Castro, una instrucción "inquisitiva" con una "valoración selectiva de la prueba" en la que no se han tenido en cuenta otras hipótesis y que ha dado lugar a "un proceso injusto" en el que el fiscal general "no ha podido defenderse en las condiciones exigibles".

Toda esta actuación, ha expuesto, es motivo suficiente para expulsar del procedimiento todo el material intervenido a García Ortiz en el registro inédito del 30 de octubre de 2024 a su despacho y al de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez -para quien se archivó la causa-.

Porque, ha subrayado la Abogacía del Estado, no se realizó "ni una sola diligencia de investigación antes de lanzarse a registrar el despacho del fiscal general" e incautar todos sus dispositivos, sin justificarlo el auto que lo habilitaba.

El juez "dio vía libre para copiar absolutamente toda la información" y la Guardia Civil clonó "todo el contenido íntegro" sin filtros. Con estas diligencias, ha lamentado la abogada del Estado, se puede conocer "casi todo": qué compra, qué lee, sus contactos, dónde está en cada momento o hasta su información bancaria.

Así, Consuelo Castro ha incidido, una por una, en todas las "constantes y patentes" vulneraciones de derechos al fiscal general, entre las que ha destacado las resoluciones del juez que dieron por hecho que García Ortiz borró intencionadamente todos sus mensajes el día que se abrió causa contra él, sin dar oportunidad a la defensa a "probar la naturaleza del borrado" con una prueba pericial que este lunes han vuelto a aportar.

La Fiscalía también insiste en que los registros son nulos

También la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha cuestionado duramente el registro, no solo de García Ortiz, sino también de la fiscal Pilar Rodríguez, cuyo despacho "nunca debió ser allanado" porque no había indicios contra ella.

La fiscal ha argumentado que el auto que abrió causa contra García Ortiz "imposibilitaba" al instructor que acordase estas medidas y ha subrayado que todo lo relacionado con el registro es nulo.

Ha asegurado que "la Sala sabe que en este delito la información se suele proporcionar sin dejar rastro"; si bien el juez, "dando por hecho que se había cometido por vía telemática", entendió que "solo se podía investigar de esta manera", cuando a día de hoy la Fiscalía "está esperando" que se dé "un solo dato para decir que la filtración" fue "por medios informáticos o telemáticos".

Frente a ellos, la acusación liderada por el abogado de González Amador ha defendido todo lo contrario: que García Ortiz filtró la información. Así, las acusaciones se han opuesto a las impugnaciones de la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Y han calificado la instrucción del juez Hurtado de "modélica", negando que se haya realizado una investigación prospectiva y respaldando el registro del despacho del fiscal general.

El abogado que ejerce la acusación popular en nombre de los fiscales de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) también ha avalado la instrucción del juez Hurtado porque "no ha podido ser más pulcra". También ha impugnado los argumentos de nulidad el letrado que representa al Colegio de la Abogacía de Madrid, que ejerce la acusación popular.

El fiscal Julián Salto declara que el novio de Ayuso iba a reconocer su fraude

El primer testigo en declarar ha sido el fiscal Julián Salto, quien ha confirmado que fue el entonces abogado de González Amador el que se ofreció a un pacto y que la intención era reconocer el fraude a Hacienda y pagar la multa. "La idea del señor Neira era que su cliente iba a reconocer los hechos y que iba a pagar la cantidad presuntamente defraudada", ha detallado Salto.

Así, su declaración arroja luz sobre varias claves. A preguntas de la defensa de García Ortiz, Salto ha explicado que el correo filtrado fue recibido en un correo genérico de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid, adonde lo envió el abogado de González Amador (que se lo facilitó, además, a más personas).

Un detalle que es clave para la Abogacía del Estado y la Fiscalía, ya que apunta a que más de una docena de personas tenían acceso a esa cuenta, haciendo que los potenciales filtradores se multipliquen.

Además, Salto ha explicado su primer contacto con la fiscal provincial de Madrid, en el que ésta le pidió los mails intercambiados con Neira. Salto ha explicado que la fiscal insistía en saber a qué se había "comprometido" la Fiscalía, pues el diario El Mundo había difundido la información tergiversada de que el ministerio público había ofrecido un pacto al novio de Ayuso.

En ese punto, Salto ha denunciado una "campaña de desinformación" que dura meses; y que siempre entendió que la petición de información por parte de sus superiores era legal (una "dación de cuentas" habitual en un tema mediático de interés nacional).