El PP entra en el discurso xenófobo de Vox y se compromete a reformar la ley de Extranjería para que se pueda discriminar a los migrantes

El pacto con Vox para que María Guardiola gobierne en Extremadura refleja con claridad el camino elegido por el PP nacional en su dupla con la ultraderecha. Los de Santiago Abascal tendrán una vicepresidencia y dos consejerías. Puestos elegidos para seguir dando la batalla ideológica contra la migración, el cambio climático y la memoria histórica.

El acuerdo, que ha sido liderado desde el PP por su secretario general Miguel Tellado, va mucho más allá de las políticas autonómicas y puede ser el preludio de lo que contemplaría un pacto entre PP y Vox tras unas elecciones generales en las que tuvieran la opción de gobernar.

La rendición a la guerra ideológica de la ultraderecha condiciona el discurso nacional de los de Feijóo. El PP se ha comprometido a modificar la ley de Extranjería en España, que ahora mismo blinda la igualdad de los ciudadanos para acceder a ayudas y servicios públicos. Así, el PP compra el lenguaje xenófobo de la "prioridad nacional", una de las principales banderas de Vox.

Hasta en dos ocasiones, el documento del acuerdo entre Vox y PP advierte de que "de forma paralela" a su aplicación, "se instará a la modificación de la Ley Orgánica 4/2000 [Ley de Extranjería] y de cuantas disposiciones normativas dificulten la consecución efectiva de lo anterior". Así intentarían limitar el acceso de los migrantes a servicios y ayudas públicas frente al resto de los ciudadanos en España.

El PP guarda silencio, pero Abascal afirmaba ayer en tono triunfante: "Hemos llegado a un acuerdo en el que tenemos garantizado que en Extremadura va a haber prioridad nacional; prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda social".

No obstante, está por ver hasta dónde pueden llegar a aplicar esos compromisos que chocarían frontalmente con la legalidad, tanto española como europea. En el propio documento juegan con ese realidad añadiendo que las medidas pactadas se llevarán a cabo de modo "adecuado a la legalidad vigente".

Así, en el caso de la vivienda dicen que "se establecerá un sistema de acceso a la vivienda protegida y el alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional". Y que se procurará "la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en el territorio". Para ese "arraigo" establecen un mínimo en el empadronamiento de 10 años para la compra de vivienda y 5 para el alquiler". Es decir, no implicaría tener o no la nacionalidad.

Mismos juegos hacen cuando aseguran en el documento que "el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional". Y añaden a continuación los condicionantes de "arraigo real" y la coletilla de adecuarse a la "legalidad vigente".

Y es que saben que su "prioridad nacional" atenta contra el art. 14 de la ley de Extranjería que recoge que "los extranjeros residentes [en España] tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles". Mismo derecho que tienen, según la ley, "los extranjeros residentes de larga duración" en el acceso "a los sistemas públicos de ayudas en materia de viviendas".

Así, la clave está en que la modificación de la ley de Extranjería (de carácter orgánico) necesita de forma obligatoria tener una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Y ni siquiera reformando la ley sería posible aplicar hasta las últimas consecuencias esa "prioridad nacional" pactada por PP y Vox, ya que choca con el Tratado de la UE y la Carta de los Derechos Fundamentales, que prohíben la discriminación de los ciudadanos de la Unión en función de su nacionalidad. Es decir, se alcanzaría como mucho a marcar una prioridad autonómica, no nacional.

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