Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, declaró el pasado miércoles en la Fiscalía Anticorrupción por el contrato adjudicado a Priviet Sportive para la adquisición de mascarillas en los peores días de la pandemia de coronavirus, según confirman fuentes de Presidencia de la Comunidad de Madrid a laSexta.

Este contrato fue el que le concedió al hermano de Isabel Díaz Ayuso la polémica comisión que mantiene su investigación abierta. La declaración se dio antes de que Ruiz Escudero participase en el Consejo de Gobierno, al que llegó tarde por este motivo, para posteriormente dirigirse a Toledo para participar en el Consejo Interterritorial de Sanidad.

Este viernes, Ruiz Escudero ha defendido la "absoluta transparencia" con la que han actuado en este sentido, aclarando que fue una "conversación de pocos minutos". "Actuamos desde la legalidad", ha insistido ante los medios de comunicación.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado que habla "a menudo" acerca de esta cuestión con su consejero. "Nunca hemos utilizado ni un euro de dinero público para favorecer a familiares, mediando y siendo nosotros personas que utilizamos nuestros recursos para favorecerles", agrega, negando de nuevo que ella o su entorno se hayan "movido" para favorecer a familiares.

Desde Anticorrupción no se descarta que haya delito en este contrato, pese a que Díaz Ayuso haya defendido lo contrario desde el comienzo de esta polémica. La Fiscalía valora que el papel jugado por Tomás Díaz Ayuso no está claro y de hecho se menciona incluso a la propia Ayuso en un escrito del fiscal jefe al que laSexta tuvo acceso.

"Es relevante destacar que lo que propiamente investiga la Fiscalía Especial atañe a delitos que pudieran afectar al más alto cargo de la Administración autonómica madrileña en la medida en la que se puede confirmar o descartar la hipótesis de la participación en tales conductas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, persona ante el Tribunal Supremo español", recoge el escrito.

A esto, añaden: "Se investiga así el posible trato de favor a una empresa por razón de la mediación del hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, cuyo papel en la contratación no está claro y podría llegar a integrar algún concreto delito previsto en el Título XIX del Libro II del Código Penal".

La pasada semana, la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió la "gran profesionalidad" de la Fiscalía Anticorrupción en laSexta Noche. "Estoy convencida de que cuando la Fiscalía Anticorrupción española ha tomado una decisión, que además ha hecho jurídicamente y contundentemente, estoy convencida de que han analizado todos los puntos de vista desde el mayor rigor jurídico", explicó.