DESDE HACE 34 AÑOS

DESDE HACE 34 AÑOS

Así funciona la ley electoral que prohíbe pedir el voto en la jornada de reflexión: su incumplimiento puede estar castigado con hasta un año de cárcel

Parte de la incertidumbre del 28A nace de la rigidez de una ley electoral de más de 30 años que prohíbe las encuestas cinco días antes de votar.

laSexta.com
   | 27/04/2019

Fuera mítines. Este sábado los candidatos solo pueden mostrar su versión menos política ya que no se puede pedir el voto.

En la jornada de reflexión está prohibida la difusión de propaganda electoral y cualquier acto de campaña. Y así es por ley desde hace 34 años.

"La ley está más obsoleta que nunca, pero yo creo que ya nació obsoleta. Hacer un apagón informativo general es más que dudoso que tenga un efecto sobre la neutralidad", afirma el politólogo Lluís Orriols.

Hoy en día, en una era digital sin grandes cortafuegos en las redes sociales, el silencio político se cuestiona. En este sentido, José Rama, investigador en Ciencias Políticas de la UAM asegura que "intentar delimitar qué pueden hacer los usuarios, qué pueden hacer los partidos y controlar lo que sucede en las redes se ha demostrado que es totalmente imposible".

"Dado que ahora mismo la información va a fluir sí o sí, es importante tener en cuenta qué tipo de información va a fluir, ya que puede haber información de mala calidad basada en bulos", indica, por su parte, Lluís Orriols.

Día de reflexión que comparten países de nuestro entorno como Italia o Francia. Todo lo contrario que Reino Unido o Estados Unidos, donde no existe esta jornada de descanso. Pedir el voto está permitido incluso el mismo día de las elecciones. Orriols apunta que "el mundo anglosajón entiende que los vetos atentan contra la libertad de expresión".

Nuestra ley electoral también prohíbe publicar encuestas los cinco días previos a los comicios. Para José Rama, "que la ley sea tan paternalista y esté velando porque el elector no se sienta condicionado por lo que digan los sondeos a cinco días antes de que se vaya a las urnas, realmente no hace falta".

El incumplimiento de las normas que marca la ley se puede castigar con hasta un año de cárcel o una multa de hasta 24 meses.

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