El president de la Generalitat, Quim Torra, ha lanzado un ultimátum a Pedro Sánchez: "Si no hay una propuesta para ejercer la autodeterminación de manera pactada, vinculante y reconocida internacionalmente encima de la mesa antes de noviembre, el independentismo no podrá garantizar ningún tipo de estabilidad en el Congreso".

Pero no ha hecho falta que el dirigente catalán espere a noviembre. El Gobierno se ha adelantado y ya le ha dado una respuesta. "Autogobierno sí, y no independencia. Y la propuesta es convivencia, y no independencia", ha destacado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá.

Pero Torra ha endurecido su discurso. "No quiero volver a oír hablar de diálogo si no se ejerce", ha apuntado el president de la Generalitat. Y el Gobierno ha mantenido su postura. "No aceptamos ultimátums y mantenemos la vía del diálogo", ha añadido Celaá.

El cambio de tono de Torra ha llegado un día después de las protestas que han tenido lugar en toda Cataluña durante el primer aniversario del referéndum del 1 de octubre. "Es evidente que la paciencia de los catalanes no es infinita. El margne del presidente Pedro Sánchez se ha acabado", ha apuntado el dirigente catalán.

No obstante, el Ejecutivo parece no creer en sus palabras. "Por un lado va la retórica y por otro los hechos", ha resaltado la portavoz del Gobierno. Torra asegura que el referéndum no es su única exigencia: "Si se condena a los presos políticos y exiliados, el Estado español estará legitimando ante el mundo el derecho de Cataluña a la autodeterminación para ser un Estado".

En este sentido, si se les condena, será un punto de inflexion ante el que los independentistas, según se ha expresado, estarán unidos: "Esta unión convertirá el día de las sentencias en un nuevo día de victoria. No nos pararemos hasta hacer efectivo el resultado del referéndum. Estamos aquí para hacer efectiva la república".

Estas declaraciones son para Partido Popular y Ciudadanos un motivo más para que se vuelva a aplicar el artículo 155 de la Constitución, pero el Gobierno lo descarta. "No vamos a aplicarlo mientras no haya razones evidentes", ha manifestado Celaá. Seguirán, según ha concluido, actuando con prudencia.