El Consejo de Ministros ha acordado pedir a la Mesa del Congreso que revoque su decisión de admitir a trámite la proposición de ley del PSOE para suspender el calendario de aplicación de la ley de educación (LOMCE), y ha avisado de que si no lo hace el Ejecutivo planteará un conflicto ante el Tribunal Constitucional.
Así lo ha explicado el Ministerio de Educación en un comunicado, después de que el responsable de este departamento y ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, anunciase en rueda de prensa que el Gobierno ha acordado pedir a la mesa que revoque la admisión a trámite de dos iniciativas del PSOE: La relativa a la LOMCE, que supuso la primera gran derrota parlamentaria del Gobierno, y una segunda que pretende la reforma del artículo 42.1 del Estatuto de los trabajadores para garantizar las condiciones laborales de los subcontratados, pendiente aún de debatirse en el Pleno.
El Gobierno trató de ejercer su derecho de veto a estas dos iniciativas alegando que suponen menoscabo económico, pero la Mesa de la Cámara, donde el PP está en minoría, rechazó el veto. Si el enfrentamiento llega al Tribunal Constitucional será el segundo, en apenas unos meses, entre Ejecutivo y el Legislativo, ya que el pasado junio el Congreso --el que salió de las elecciones de diciembre-- denunció al Gobierno por negarse a ser controlado por la Cámara alegando estar en funciones.
La nueva pugna entre ambos poderes se debe a que el Gobierno considera que la mesa del Congreso está incurriendo en un "menoscabo contrario a Derecho" de la potestad del Ejecutivo para vetar iniciativas que supongan aumento de gastos o disminución de ingresos, tal como está recogido en el artículo 134.6 de la Constitución y en el 126 del Congreso.
En palabras de Méndez de Vigo, el Gobierno cree que cuando la Mesa decidió rechazar el veto "no apreció correctamente ese derecho constitucional". Según ha dicho, la paralización de la LOMCE supone una pérdida de ingresos de 600 millones de euros en fondos europeos.
El también ministro de Educación ha querido subrayar que, a efectos prácticos, la paralización de la LOMCE ya está en marcha porque el Gobierno se ha comprometido a hacerlo. Sin embargo, el Gobierno no cederá en lo que considera un "debate constitucional". No es que el Ejecutivo pretenda imponer su criterio, ha argumentado, sino que cuando los Presupuestos se aprueban hay que cumplirlos y para modificarlos hay que seguir unos procedimientos y no puede hacerse con una decisión de los partidos de oposición en el Parlamento.