Del 1 de enero al 31 de marzo, la XI Legislatura no comenzó hasta el 13 de enero, los diputados realizaron viajes por "actividad parlamentaria" por un coste de 805.442 euros, cantidad que incluye billetes de avión, tren y también kilometraje con vehículo propio.
En este apartado se incluye únicamente los desplazamientos desde el lugar de residencia hasta Madrid para asistir a actividades parlamentarias como plenos, comisiones u otras reuniones oficiales.
La llamada "actividad política", viajes para actos de partido que también son costeados por la Cámara, acarreó una factura de 45.259 euros. Estos dos conceptos suman 850.701 euros, aunque el coste total de los desplazamientos en el primer trimestre suma 1,079 millones de euros, ya que esta última cantidad incluye también los gastos de gestión, de cancelaciones y cambios, así como los billetes emitidos y pendientes de utilización.
La suma total es algo inferior a lo facturado en el mismo periodo del año pasado -1,22 millones de euros- aunque en aquel tiempo el Congreso se encontraba a plena actividad y ahora se encontraba en un momento de transición, con el Gobierno en funciones y con una labor legislativa limitada.
En cuanto a los viajes internacionales, el portal de la Transparencia del Congreso informa también de una quincena de desplazamientos en estos tres primeros meses, la mayoría de ellos relacionados con actividades del Consejo de Europa y la OSCE a destinos como Luxemburgo, Praga, Viena o París.
También se detalla un desplazamiento a Sarajevo y Belgrado a una Asamblea Parlamentaria de la OTAN, y un viaje de formación sobre técnica legislativa a Montevideo.
La mayoría de estos viajes están pendientes de facturación, por lo que no se informa de su coste, aunque con los cuatro de los que ya se conoce la cantidad, suman algo más de 102.000 euros.
A finales de 2014, el Congreso acordó publicar cada tres meses los gastos que generaban los viajes de los parlamentarios, ya fuera a su lugar de residencia, a actos políticos de partido, o en delegaciones oficiales.
No obstante, se descartó que fuera la propia Cámara la que informara individualmente de los gastos en los que incurre cada diputado, sin perjuicio de que cada grupo pudiera ampliar después esa información.
La decisión se precipitó después de la polémica abierta por los desplazamientos a Canarias del expresidente extremeño José Antonio Monago durante su etapa como senador.