El bloqueo de la resolución independentista es cuestión de horas después de que del Consejo de Ministros haya salido el recurso para ser registrado en el Tribunal Constitucional, que podría admitirlo a trámite pocas horas después.
En ese mismo momento la moción quedaría anulada, y el gobierno quiere que se le notifique personalmente a 21 cargos públicos. "Se piden notificaciones personales bajo apercibimiento de delito de desobediencia", aclara la abogada general del Estado Marta Silva.
Esas notificaciones irían a nombre de Artur Mas y su gobierno en funciones, y de Carme Forcadell y la mesa del Parlament. Pero el Gobierno, quiere más y por ello le pide al Constitucional que esas mismas personas sean advertidas de la prohibición expresa de admitir a trámite ninguna iniciativa que tenga que ver con la secesión.
Las fuerzas de seguridad están pendientes de si van a obedecer o no, mientras que la fiscalía ha pedido expresamente a los mossos comunicar cualquier acto contrario a la sentencia del constitucional que pudieran llevar a cabo autoridades o funcionarios. Ya que podrían constituir delitos de sedición, prevaricación o desobediencia.
Los sindicatos policiales se declaran neutrales ante un problema que consideran político, y piden que nadie intente instrumentalizar su trabajo. En su escrito, la Fiscalía enumera un catálogo de delitos relacionados con la hipotética desobediencia que, dependiendo de la gravedad, incluyen penas que oscilan entre la sanción económica y los 15 años de cárcel.