El Consejo de Ministros ha aprobado el indulto parcial a Juana Rivas, la vecina de Maracena, Granada, que fue condenada a dos años y seis meses de prisión por un delito de sustracción de menores al llevarse a sus dos hijos.

Según han confirmado fuentes del Ejecutivo a laSexta, este indulto quedará condicionado a que no cometa un delito de similares características en el plazo de cuatro años tras la publicación del decreto.

El indulto a Rivas supone una rebaja de su condena, que quedará en un año y tres meses de prisión. Además, se le conmutará la pena de inhabilitación para ejercer la patria potestad por una condena de 180 días de trabajos a la comunidad.

La titular de Justicia, Pilar Llop, ha defendido la decisión este mismo martes en los pasillos del Senado, tras la sesión de control en la Cámara Alta, pero ha insistido en que el indulto no elimina el delito ni la condena: "Esta ministra ha propuesto la conmutación de la pena de prisión, rebajando la pena de prisión y sustituyéndolo por trabajos para la comunidad, lo que significa que sigue condenada".

Esta medida llega después de que el Tribunal Supremo se opusiera por unanimidad a la concesión del indulto total y se mostrase dividido sobre el indulto parcial. El Pleno de la Sala Segunda quedó partido en dos bloques de ocho magistrados, unos tantos a favor y otros en contra de apoyar el indulto parcial, que era la posición adoptada por la Fiscalía y el ponente del informe del Supremo.

Por este motivo, el Supremo envió un informe al Gobierno en el que se recogía la postura de ambos grupos de magistrados. La Sala explicó que su función es la de ilustrar al Gobierno sobre los elementos que recomiendan o desaconsejan hacer uso del derecho de gracia.

Den hecho, han sido estos informes -según Llop- los que han motivado que el Ejecutivo optara por una medida de gracia parcial en lugar de la total.

Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, ha explicado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que han aplicado este indulto atendiendo "al interés del menor, de sus hijos y las circunstancias vitales en las que tuvo esta mujer que afrontar estas decisiones por las que fue condenada por la justicia".

Además, ha añadido que el Gobierno ha atendido, "como siempre", a "los informes tanto del tribunal sentenciador como de la Fiscalía".

Los abogados de Rivas han asegurado que se trata de "un día muy feliz" porque el indulto "deja las manos libres a Juana para poder seguir luchando por sus hijos". Además, han confirmado que van a solicitar "la suspensión de la pena" porque "se cumplen todos los requisitos": "Si el Juez fuese razonable, lo normal sería que se suspendiera la ejecución de esos siete meses de prisión que restan por cumplir".

"Por supuesto, seguiremos luchando por Juana y sus hijos. El próximo paso es el juicio por la custodia en Italia el próximo viernes, día 19 de noviembre. El indulto parcial supone un enorme refuerzo para nuestras pretensiones", han apuntado.

Por su parte, los abogados en España del italiano Francesco Arcuri, padre de los hijos de Juana Rivas, han señalado en declaraciones a Europa Press que el Gobierno ha "despenalizado la sustracción de menores con las consecuencias que ello pueda suponer" y se han mostrado "decepcionado" con la decisión".

La historia de Juana Rivas

Según la sentencia condenatoria de 2018, Rivas estuvo unida sentimentalmente al italiano Arcuri, con el que tuvo dos hijos en 2006 y 2014 y, tras residir en España, donde la pareja estuvo temporalmente separada en 2009 y Francesco fuera condenado por un delito de malos tratos, decidieron reconciliarse y en 2012 se trasladaron a Italia.

Fijaron entonces de común acuerdo la residencia familiar en Carloforte, localidad donde los menores fueron escolarizados y quedaron registrados como residentes. En mayo de 2016, Rivas se trasladó a Granada con los dos menores y dijo a su pareja que lo hacía para visitar a la familia y que volvería en un mes.

Llegada la fecha de vuelta, no lo hizo y en julio de 2016 interpuso una denuncia por malos tratos contra Francesco, al que antes había dicho que estaba enferma y que no iba a volver en la fecha prevista, cuando en realidad había adoptado la decisión de no retornar con los dos hijos a Carloforte y mantenerlos con ella en Granada.

Esta decisión se la hizo llegar a él en agosto de 2016, cuando expresamente le manifestó su negativa a volver a Italia con los niños, a los que escolarizó en el curso 2016-2017 en Maracena (Granada).

Arcuri promovió entonces y obtuvo, ante el Tribunal de Cagliari, la guarda y custodia provisional de los dos menores en junio de 2017, lo que finalmente motivó que un juzgado de Granada ordenara la inmediata restitución de los menores a Italia, decisión que fue refrendada por la Audiencia Provincial, que volvió a pedir el inmediato cumplimiento de la entrega.

Desatendido el anterior requerimiento el juzgado dictó resolución por la que conminaba a la entrega inmediata a finales de julio en el punto de encuentro familiar de Granada, hasta donde se desplazó el padre de los niños, junto a la autoridad consular de Italia y una dotación policial, aunque la acusada no se presentó.

Rivas decidió ocultarse en compañía de los dos menores en un lugar desconocido para las autoridades y agentes, que trataron de localizarlos en diversos domicilios de familiares y allegados, lo que motivó que Arcuri interpusiera una denuncia por desaparición de los niños.