De esta forma se elimina este privilegio, que data de 1946 y que permitía a la iglesia inmatricular bienes tal como pueden hacer las administraciones públicas (Estado, CCAA y Ayuntamientos). Un ejemplo de la inmatriculación de bienes por parte de la institución eclesiástica ha sido la titularidad de la mezquita de Córdoba, que se registró a su nombre en 2006 como catedral de Córdoba.

El anteproyecto de Ley ha sido aprobado con la mayoría de votos del PP y con el apoyo de UPN y UPyD, mientras que CiU se ha abstenido y el PSOE y la Izquierda Plural han votado en contra. El diputado del PSOE Víctor Morlán ha lamentado que la nueva ley no "resuelva" las inmatriculaciones de la Iglesia efectuadas en el pasado y que no tengan una justificación documental, y ha pedido que en un plazo de seis meses el Ejecutivo dé a conocer cuántas y cuáles son estas inmatriculaciones.

Además, considera que "las inmatriculaciones efectuadas sin la debida justificación documental pasen a formar parte del patrimonio de distintas administraciones para que se recuperen como bienes de dominio público". Morlán ha criticado que la nueva normativa dé prevalencia al Registro sobre el Catastro, sobre los notarios "e incluso sobre las decisiones judiciales".

Ha lamentado que "ahora se pretenda que los registradores tengan la facultad de reconocer, interpretar y atribuir derechos e inscribir", algo que no ocurre en otros países de la Unión Europea, y ha incidido en que "la cartografía catastral es la que debe servir para inscribir un bien en el Registro".

En el mismo sentido se han pronunciado otros portavoces como el de la Izquierda Plural Joan Coscubiela, que ha señalado que esta ley es una ofensa porque sitúa los intereses de los registradores de la propiedad como si fueran intereses generales.

El diputado de CiU Jordi Jané ha argumentado su abstención en que tanto el Catastro como el Registro de la Propiedad son instituciones de naturaleza diferente y jurídicamente se las describe como una única realidad. No obstante, ha explicado que se trata de una Ley que busca aportar seguridad jurídica y debería dar más certidumbre.