El nuevo ministro tiene la responsabilidad de pivotar la llamada "agenda social" del Gobierno, en la que destacan los dos proyectos de Ley de Protección de la Infancia, que introducen severas novedades en ámbitos como la regulación del acogimiento familiar y las adopciones, llevan consigo la modificación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo prevista para imponer que todas las menores de 16 y 17 años necesiten consentimiento paterno para practicarse un aborto. En la actualidad, sólo deben informar a los padres y, en caso de conflicto familiar grave, están exentas de ese trámite.
Alonso tendrá asimismo que gestionar una posible reforma de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral frente a la Violencia de Género. Si bien no existe una propuesta firme de modificación, la saliente Ana Mato había iniciado un diálogo con los grupos parlamentarios y con distintos agentes de las instituciones y la sociedad civil para, en el marco del décimo aniversario de la normativa, recoger propuestas de mejora.
Además, bajo su mandato se deberán materializar algunas de las iniciativas adoptadas en el marco de la Estrategia Nacional de Violencia de Género que aún no han tomado forma, como la implantación de asistencia letrada en todas las comisarías, la creación de una "ventanilla única" de atención a las víctimas de maltrato o la puesta en marcha de un nuevo cuestionario policial de evaluación del riesgo para que los agentes hagan un diagnóstico más certero de la situación de la mujer.
Otra de las medidas que están sobre la mesa es la entrada prevista en el sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de los dependientes grado I, es decir, aquellos cuya necesidad de ayuda se considera "moderada" y que debieron incorporarse a los beneficios que reconoce la ley en 2012, aunque el Ejecutivo lo ha pospuesto dos años seguidos como medida de austeridad.
Asimismo, quedan dos iniciativas legislativas anunciadas a lo largo de la Legislatura que aún no han visto la luz ni en forma de anteproyecto. Se trata de la Ley del Tercer Sector de Acción Social, que según dijo Ana Mato en marzo de 2012 estaría lista en el "menor plazo posible" y la Ley Estatal de Voluntariado, que en marzo de 2014 se ofreció como medida para establecer un marco jurídico a la labor altruista en España.
El área sanitaria es el otro gran eje de sus responsabilidades ministeriales. Tras lograr un acuerdo con los profesionales sanitarios para garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública, y ante la imposibilidad de conseguirlo con los grupos políticos, el objetivo de Ana Mato pasaba por un nuevo pacto que, en este caso, se centraba en integrar los servicios sociales y sanitarios de las comunidades en un único sistema.
Para su elaboración se habían creado cinco grupos de trabajo y el objetivo era que el primer borrador estuviera listo después del verano para aprobarse de forma definitiva en el primer trimestre de 2015. La integración se ampara en el progresivo envejecimiento de la población y en la necesidad de mejorar el abordaje de las enfermedades crónicas, que requiere reorientar la atención a los cuidados de larga duración.
Por otro lado, también queda pendiente completar la implantación definitiva de la historia clínica digital y de la receta electrónica, y conseguir que ambas sean interoperables en toda España, con independencia de la comunidad donde resida cada ciudadano.
Además, también queda pendiente la puesta en marcha de una ley para evitar el consumo de alcohol en menores de edad, especialmente entre los 14 y los 16 años, en el que estaba trabajando el equipo de Mato en colaboración con el Ministerio de Agricultura.
La cartera de Sanidad tiene pendientes otros proyectos normativos más técnicos como el Real Decreto de Troncalidad o el de precios y financiación de fármacos, así como la definitiva puesta en marcha del Registro Estatal de Profesionales sanitarios.