La investigación que se sigue en la Audiencia Nacional para tratar de determinar quién o quiénes utilizaron el software Pegasus para acceder a los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de tres de sus ministros dependerá, en buena medida, de la respuesta que las autoridades de Israel den a los requerimientos que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama les ha trasladado para interrogar a los responsables de la empresa que fabrica y vende el programa-espía y de las posibilidades de acceder a su lista de clientes.
El éxito de la investigación, según fuentes jurídicas consultadas por laSexta, dependerá de que el Ministerio de Justicia de Israel permita al magistrado desplazarse hasta Tel Aviv para interrogar a Shalev Hulio, el director ejecutivo de la compañía NSO, que comercializa Pegasus con el objetivo confesado en su página web de "luchar contra los chicos malos", en referencia a grupos terroristas, mafias internacionales y bandas de crimen organizado. Según un contrato publicado por The New York Times, la tarifa de instalación del software en 2016 era de medio millón de dólares, a la que había que añadir otros 650.000 más por la infección de diez teléfonos.
La empresa no se presenta fácil. Las autoridades de Israel aún no han contestado a la primera comisión rogatoria que el juez Calama cursó el pasado mes de abril, en la que se interesaba por el funcionamiento del dispositivo, el marco legal en el que se comercializaba y los clientes a los que se había vendido en las fechas próximas al espionaje sufrido por Sánchez y los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Agricultura, Luis Planas.
Según consta en el sumario, todos los ataques a miembros del Ejecutivo se produjeron durante los meses de mayo y junio de 2021. En esas fechas se libró una intensa crisis diplomática entre los Gobiernos de España y Marruecos por la llegada masiva de inmigrantes a la frontera de Ceuta y la declaración como investigado en la Audiencia Nacional del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que aterrizó el 18 de abril en el aeropuerto de Zaragoza para ser atendido en el Hospital San Pedro de Logroño de los problemas respiratorios que le había causado una infección de COVID-19.
El móvil de Planas estaba protegido
Según fuentes conocedoras de la investigación, cuyo secreto del sumario ha sido alzado esta misma semana, los atacantes robaron información de los teléfonos de Sánchez, Robles y Grande-Marlaska, pero no del que utilizaba el titular de Agricultura. Planas, que ocupó entre los años 2004 y 2010 el cargo de embajador de España en Marrucos, consiguió evitar la intrusión al disponer de una "vacuna contra el malware", un programa de protección diseñado para evitar este tipo de ataques informáticos.
El terminal del que se obtuvo más información era el del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del que se extrajeron un total de seis gigas. Según fuentes jurídicas, el ministro utilizaba ese móvil para cuestiones personales y no profesionales, aunque fuentes del Gobierno aseguraron a Europa Press que Grande-Marlaska solo utiliza un terminal y que este dispositivo, infectado entre los días 7 y 26 de junio, disponía de "medidas de seguridad reforzadas" que habían sido revisadas por el Departamento de Seguridad Nacional, dependiente del Ministerio de Presidencia.
¿Qué había en los teléfonos?
El contenido del material que fue sustraído de los terminales es la incógnita mejor guardada en la investigación judicial que se instruye en la Audiencia Nacional hasta el punto de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha decretado medidas excepcionales de seguridad para evitar el hackeo de información y la filtración de documentos que pudieran contener información clasificada que comprometiera la seguridad del Estado o que pudiera poner en riesgo la intimidad personal de los afectados. De hecho, el secreto de la causa se ha levantado parcialmente y no se descarta que se vuelva a decretar en las próximas semanas si el material tratado así lo aconsejera.
Además, el juez Calama rechazó el pasado 18 de mayo que la Generalitat de Catalunya pueda ejercer la acusación popular en la causa argumentando que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, las personas jurídicas públicas no pueden adoptar este papel en el procedimiento y que en la causa únicamente se investiga el espionaje a miembros del Gobierno central y no las 18 vigilancias a dirigentes independentistas catalanes que la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban reconoció el pasado 5 de mayo, durante su comparecencia en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.
Los testimonios de Bolaños y Paz Esteban
Además de la voluntad de colaboración de las autoridades israelíes, la investigación se sustenta en la confrontación de la declaración testifical que protagonizará el próximo 5 de julio el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con las que prestaron el pasado 3 de junio la propia Esteban y el responsable del Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, que realizó los informes en los que se detallaban las circunstancias en las que se produjeron los espionajes.
El testimonio de Bolaños es relevante, según fuentes de la investigación, por dos razones. En primer lugar, porque reveló el 2 de mayo en una rueda de prensa convocada por sorpresa la existencia de los espionajes y avanzó que la Abogacía del Estado iba a interponer una denuncia en el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional. Y, además, por el cargo que ocupaba en el momento en que se produjeron los hechos: la Secretaría General de Presidencia.
De esta oficina depende un Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica que, a su vez, incluye una Unidad de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (UTIC) que, en última instancia, según estas fuentes, sería responsable de la seguridad de las comunicaciones del presidente del Gobierno.