Culmina así el trámite parlamentario para que España cumpla con el mandato de la UE de 2013 de adaptar su normativa a la comunitaria en materia de regulación sobre precursores de explosivos. El proyecto ha contado con el respaldo casi unánime de las Cortes, a excepción del PDeCAT que desde el inicio se opuso a la iniciativa por cuestiones competenciales de control y vigilancia en Cataluña.

"No se trata de una ley que vaya contra alguien sino que es una ley para mejorar la seguridad de todos", ha defendido el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el último debate de la ley en el Congreso tras ser retocado en el Senado, donde se han mejorado aspectos como la definición de las autoridades competentes para controlar la compraventa de estas sustancias o la aprobación de campañas para informar sobre la nueva norma.

Zoido ha señalado que el objetivo de la ley es limitar la disponibilidad para los particulares de estas sustancias y garantizar la adecuada comunicación en las transacciones sospechosas, algo fundamental para prevenir acciones terroristas. Fue el caso del triperóxido de triacetona que pretendía usar la célula de Alcanar (Tarragona), a la que se ha referido la diputada socialista Ana María Botella, quien ha lamentado la tardanza en la aprobación de esta norma.

De hecho, Botella ha señalado que ninguna de las personas que vendieron este y otros productos químicos como acetona a los terroristas supieran de la existencia de un reglamento comunitario que exigía ya controlar la adquisición en determinadas cantidades.

A las sustancias adquiridas por la célula de Alcanar también se ha referido la diputada del PP Ana Vázquez para recriminar al PDeCAT haber sido el único partido en oponerse a la ley, un reproche que ha motivado que el portavoz de la formación, Carles Campuzano, pidiera una rectificación al entender que con su voto en contra eran responsables de los atentados de agosto en Cataluña.

"Ha vinculado nuestra posición con cuestiones de terrorismo. Es intolerable decir que por nuestra actitud somos responsables de atentados", ha enfatizado Campuzano a lo que la diputada popular ha respondido: "No puedo retirar lo que no he dicho".

La nueva ley obligará a los particulares a contar con una licencia para adquirir determinados productores, en tanto que estarán exentos el uso profesional o industrial por las empresas de estas sustancias, como son fertilizantes, herbicidas, pesticidas, algunos conservantes, desinfectantes e, incluso, componentes de champús y pastas de dientes.

La licencia que propone el proyecto no va a afectar en la práctica al consumidor que compra productos de droguería, de limpieza o para otros usos cotidianos que contienen esas sustancias, como son detergentes, blanqueantes, quitaesmaltes, tintes de peluquería o pastillas para barbacoas, entre otros.

El motivo es que el nivel de concentración de sustancias precursoras que contienen estos productos está por debajo del que exige la obtención de una licencia para su adquisición. Sí están por encima de ese nivel ciertos combustibles que se utilizan comúnmente en automodelismo y aeromodelismo (nitrometano), productos para grabados de metales en bellas artes y joyería (ácido nítrico), productos para el pavonado de metales que eviten su corrosión, utilizados por aficionados a las bellas artes y a las armas (clorato potásico) o herbicidas (clorato sódico), para cuya compra se exigirá licencia.